"El imperativo de no torturar debe ser categórico, no hipotético".

Ernesto Sabato

De acuerdo al último informe de Amnistía Internacional "Culpables conocidos, víctimas ignoradas" , incontables casos en México se han dado en medio de terribles torturas, brutalidad, tratos crueles, inhumanos o degradantes que han sido la causa de la muerte de incalculables ciudadanos, que hoy forman parte de las cifras de esa guerra en contra del narcotráfico que fue iniciada hace más de cinco años por el presidente Felipe Calderón, y en la que han acaecido o han sido encarcelados, o victimizados a manos del poder del Estado, de los mandos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y Agencia Federal de Investigación (AFI) más de 55 mil personas, y al menos 160 mil han sido desplazadas por la violencia existente a lo largo y ancho del territorio nacional. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recolectados en el informe, muestran un incremento de más del 300% entre las 392 denuncias recabadas en 2007 y las 1,669 de 2011, cifras que según el director de Amnistía Internacional-México, Alberto Herrera, disimulan una situación realmente alarmante y aún más grave, ya que estas cifras revelan sólo una pequeña parte de la realidad puesto que la CNDH sólo está a cargo de intervenir cuando existen funcionarios públicos federales presuntamente responsables de la comisión de abusos, y no atiende toda denuncia de violación a los derechos humanos, injusticia y brutalidad hacia cualquier víctima.

En la presentación del informe la periodista Anabel Hernández enfatizó "que la tortura es inaceptable en cualquier caso, pero cuando la comete o la tolera el Estado es un acto atroz, y recordó tres de los incontables casos cuyos agresores nunca fueron investigados ni sancionados como es el de Brenda Quevedo, Javier Valles y Gerardo Ortega", este último, víctima sustraída de su domicilio el día 3 de mayo del 2012 alrededor de las 11.30pm , con lujo de violencia y abuso de autoridad por parte de elementos de la SIEDO y del Ejército Mexicano, quienes irrumpieron en su hogar aun cuando él les permitió el acceso a su domicilio, sin orden de cateo u orden de presentación visible expedida por un juez, y sin poner resistencia alguna a la detención, fue despojado de su domicilio con golpes, y amenazas diversas por parte de elementos del operativo, y mientras esto ocurría los elementos de la SIEDO y del Ejército que se quedaron supuestamente a resguardar su domicilio lo saquearon y destrozaron.

Desde el momento en el que fue raptado permaneció dos días desaparecido e incomunicado, y durante ese mismo tiempo, José Gerardo Ortega Maya fue brutalmente quemado con cables eléctricos, marcado con cuchillos en la mayoría de su cuerpo, golpeado, vejado y torturado sin piedad alguna por elementos del Ejército Mexicano al mando de la teniente coronel Abigail Vargas Tirado, quien en ese momento estaba comisionada a la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el mando de la actual procuradora de la República , tal tortura se llevó a cabo en las oficinas de la SIEDO ubicadas en López no.14 Colonia Centro. Cabe señalar que la detención de Ortega Maya fue planeada para lograr que declarara en contra del general de División D.E.M Tomás Ángeles Dauahare y lo acusara de tener vínculos con la delincuencia organizada, ya que durante las incontables horas en que fue torturado, en repetidas ocasiones le señalaron que él era el instrumento justo para agarrar al general y acabarle la carrera, dada su amistad entre ellos desde hacía muchos año. Esto sería probado ya que a menos de diez días de privar ilegalmente de su libertad a José Gerardo, sería detenido el general Dauahare y sería acusado con los delitos que anteriormente le habían expresado a la víctima.

Al no obtener de José Gerardo la declaración que querían, decidieron enviarlo a la Casa de Arraigo de la Col. Doctores ese mismo sábado 5 de mayo para tener tiempo suficiente para fabricarle dos averiguaciones previas e imputarle delitos que ellos mismos construirían utilizando a testigos protegidos (verdaderos delincuentes) e inducirlos a declarar en contra de él. Tan sólo a su llegada a esta Casa de Arraigo, en cuanto bajó de la camioneta de traslado lo obligaron a desnudarse en frente de hombres y mujeres de la AFI y militares, para obligarlo a hacer lagartijas aun cuando él apenas podía sostenerse en pie debido a la tortura recibida anteriormente; cabe indicar que la víctima sufre de diabetes y durante el tiempo que estuvo arraigado se divirtieron con su salud, algunos días dándole medicación y otros no, esto dependía de cómo estuvieran de humor los doctores de la misma o cuáles fueran las indicaciones del director de la Casa de Arraigo, un tal contralmirante de apellido Arechiga, un hombre que goza intimidando a familiares y a los mismos arraigados. Después de estar más de 50 días en arraigo José Gerardo fue trasladado al Cefereso Núm. 3 de Matamoros, Tamaulipas, por los cargos antes lucubrados para hacerle sentir el poder del Estado y su infinita jurisdicción, y claro, todo esto entre más golpes, más amenazas e infinidad de vejaciones aun cuando él es un hombre inocente y lo ha más que probado , y aún así, este hombre está recluido en un penal federal de máxima seguridad sin que ninguna autoridad actúe a su favor, y en espera de una recomendación de la CNDH , que lleva meses en proceso y no muestra ningún interés de visitarlo en aquel Cefereso y verificar su degradada salud, resultado de aquella brutal tortura y la situación tan terrible que vive actualmente.

Es por ello que Amnistía Internacional por este caso, como muchos otros, es que enunció más de 40 recomendaciones al Estado Mexicano, entre las que destacan armonizar su legislación interna sobre tortura con la de Organismos Internacionales, establecer una base de datos exacta sobre este fenómeno e investigar de manera exhaustiva a los funcionarios públicos involucrados. Asimismo, exhorta al presidente electo Enrique Peña Nieto, a concretar y hacer público un plan que incluya medidas concretas para revertir este clima de indignación e impunidad, "donde la tortura es una práctica habitual y la impunidad una realidad prácticamente absoluta".

Asimismo solicita que se ponga fin a la figura del "arraigo", que permite a la fiscalía privar de la libertad a una persona hasta por 80 días mientras reúne pruebas para presentar cargos formales . Ya que esta medida sólo es un limbo judicial y de derechos humanos para los arraigados. De la misma forma, solicita que las confesiones obtenidas bajo tortura nunca sean aceptadas como prueba y recomienda reformar el artículo 57 del Código Penal Militar para que tribunales civiles, y no militares, juzguen todos los casos que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas.

México no puede ignorar el dolor de sus ciudadanos, ni la corrupción ni la impunidad con la que se manejan sus gobernantes y autoridades.

ART. 102. De la Constitución Mexicana. Inciso A. Párrafo 5.

"El Procurador general de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la Ley en que incurran con motivo de sus funciones".