México, D.F. /MujeresNet.- De 2007 a 2015 se han registrado 39 casos de muertes de niños/as y adolescentes por trabajo infantil; Sinaloa es el estado que tiene 16 de ellas, dos ocurrieron en enero de 2015, reportaron especialistas y representantes de organizaciones de derechos humanos durante el primer foro "Los rostros del trabajo infantil en México", realizado el 11 de marzo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín (Prodh).

Desde la perspectiva de derechos humanos y en particular desde la reciente promulgada Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, diferentes organizaciones civiles se reunieron para reflexionar y presentar propuestas para dar seguimiento y evaluación a las formas para erradicar la explotación laboral de la niñez y la adolescencia.

Pese a la legislación del último lustro en la materia, no hay progresos porque no se ha erradicado este fenómeno: la tercera parte de niñas, niños y adolescentes trabajan en el sector agrícola, lo que representa peligros para su integridad. El Plan Nacional de Desarrollo da pauta para que instituciones coordinen esfuerzos pero a la fecha no hay ningún empleador de niñas/os o adolescentes sancionado, denunció Nasheli Ramírez, coordinadora general de la asociación civil Rikiri intervención Social S.C.

Alfonso Poiré, de Save the Children, sostuvo que la reciente ley promulgada no soluciona el problema, pero sí sienta un precedente para determinar sanciones y plantea nuevos retos en la materia.

Además existe una enorme confusión de los términos trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, reveló Margarita Nemecio, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La solución a este fenómeno no es la prohibición sino la mejora en los salarios de padres y madres, de lo contrario no se estaría solucionando nada. Asimismo, el trabajo infantil evidencia que también hay problemas con las estancias infantiles y en la educación, aseveró.

Mónica Salazar, integrante del Colectivo Contra la Trata De Personas (TDP A.C.), reveló que en la ley contra trata de personas no hay claridad entre las definiciones de ésta y de personas con fines de explotación laboral, además de que el trabajo realizado por las comisiones creadas para cada tema de poco sirve si no trabajan en conjunto.

Sobre las entidades que presentan altos índices de explotación infantil se encuentran Baja California Norte y Sur, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Nayarit, Morelia, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y la zona de Tierra Caliente (Michoacán-Guerrero).

Silvia Ramírez, representante de la organización Caminos Posibles, abordó el trabajo de la niñez en los procesos de migración fronteriza y en las regiones agrícolas, donde las/os niña/os que acompañan a sus madres y padres en las migraciones también trabajan, además de que no hay balance sobre aquellas/os menores que viajen solas/os y sufren violaciones a sus derechos humanos. Para solucionar esto, la doctora en ciencias sociales propone un cambio profundo no sólo en el Estado sino en la sociedad, donde esta exija la creación y armonización de leyes.

Giovanna Battaglia, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C., expuso que Guanajuato es el primer estado con mayor número de migrantes indígenas que en su mayoría provienen de Guerrero, donde existen 3 mil indígenas jornaleras/os en 2014, de los cuales entre un 30% y 40% son niñas/os y adolescentes que tienen jornadas de más de 12 horas, sin descanso, además de condiciones de vivienda y salud precarias.

Asimismo, hay una socialización del trabajo de las/os niñas/os y adolescentes en la Costa Chica (Guerrero y Oaxaca), donde los "mandados" o labores dentro del hogar o el campo son también formas de trabajo, que no tienen remuneración y que afecta su desarrollo en la educación: muchas/os menores desertan para dedicar más tiempo a la actividad familiar o el campo, reportaron Citlali Quecha y Cristina Masferrer, de la asociación Afrodescendientes de México. Investigación e Incidencia.

En el tema educativo, Rosaura Galena, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), señaló que más de 2 millones de adolescentes entre 15 a 17 años no tienen acceso a la educación, desertaron o están en riesgo de hacerlo. Afirmó que la mayoría de las/os llamadas/os "ninis" (ni estudian ni trabajan) no es que no quieran estudiar sino que no encuentran las condiciones para hacerlo o encuentran obstáculos para continuar con su instrucción. La razón "no quiere estudiar" no es una causa sino una consecuencia de la precariedad en la que viven las/os adolescentes en México. Las/os adolescentes que laboran y estudian invierten más tiempo en el trabajo que en su educación, reveló la también integrante de Mesa Social contra la Explotación de niñas, Niños y Adolescentes.

Por lo anterior el foro realizó un pronunciamiento que se presentará el 12 de junio, Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, con el que exponen la necesidad de definir el problema a partir de las ciencias sociales para acotar ambigüedades a la hora de aplicar la ley; abordar esta problemática desde diferentes enfoques, y combatir con urgencia el trabajo infantil y adolescente porque atenta contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, los integrantes del foro pidieron que el trabajo informal también sea incorporado en las leyes porque actualmente no existe. Además, esperan que la ciudadanía se involucre más en la asignación y vigilancia del presupuesto, y en las leyes secundarias de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.