Foto: Elsa Lever/MujeresNet

Ciudad de México /MujeresNet.- Con el fin de discutir temas como violencias de género, acceso a la justicia, salud, derechos sexuales y reproductivos, economía, trabajo y participación política, entre otros, bajo la exigencia del respeto al derecho del Estado laico, integrantes del Frente Feminista Nacional se reunieron el 24 de agosto de 2018 en el "Foro Avances de la Agenda de los Derechos de las Mujeres en el Contexto Político Actual", llevado a cabo en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

Después de la bienvenida a las participantes, provenientes de Michoacán, Guerrero, estado de México, Zacatecas, Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca y Ciudad de México, entre otros estados, se dio lectura al pronunciamiento del "Foro feminista en defensa del Estado laico" realizado los días 6 y 7 de abril. Posteriormente, los trabajos de este conversatorio se dividieron en cuatro mesas de discusión: violencias de género y acceso a la justicia; salud, derechos sexuales y reproductivos, y diversidades sexo-genéricas; economía, trabajo y cuidados; y participación política ciudadana.

En cada mesa se conversó sobre los retos y las oportunidades que se tienen frente a estos temas y sus problemáticas, generando tanto propuestas de acción como de modificación de leyes y protocolos, de tipificación de delitos y su armonización en el país, así como de creación de mecanismos formales de acceso y vigilancia.

En la mesa sobre violencias de género y acceso a la justicia surgieron propuestas, sobre todo, en materia de prostitución, feminicidios y transfeminicidios; formación y capacitación en derechos humanos y perspectiva de género; acoso y hostigamiento sexual; violencias política, obstétrica, cibernética, entre otras; atención a víctimas de violencia y mujeres privadas de su libertad; sanciones a quienes desarrollen campañas de desprestigio, revictimización o criminalización de víctimas; presupuesto para accesar a la justicia; y creación de contralorías sociales para erradicar la impunidad y la corrupción, así como de vigilancia y seguimiento a cada uno de los programas y acciones para erradicar la violencia hacia las mujeres.

Respecto de la mesa de salud, derechos sexuales y reproductivos, y diversidades sexo-genéricas, la discusión reveló diversas necesidades relacionadas con el derecho humano de acceso a la salud y a una atención integral; así como con la etiquetación de presupuesto suficiente para garantizar el ejercicio pleno y salvaguarda de la salud sexual y reproductiva de manera integral a mujeres de toda edad y circunstancia. Otra de las problemáticas en que se abundó fue el derecho a decidir sobre la salud sexual y reproductiva, y la despenalización del aborto. Asimismo, la prevención del embarazo adolescente y la incorporación de una educación sexual integral desde la educación básica.

Sobre las diversidades sexo-genéricas, se conversó sobre todo de la visualización e integración de personas LGBT+ en todas las políticas públicas del gobierno y de su participación en la vida pública; la creación de leyes de identidad que ordenen la rectificación de nombre y género de las personas trans sin intervención médica, así como la armonización en todos los documentos y certificados oficiales que sean necesarios. Asimismo, sobre el acceso de la población LGBT+ a servicios de salud integral sin discriminación, y la inserción laboral para personas LGBT+ en especial para mujeres trans en situación de trabajo sexual. Finalmente, se plantearon propuestas para erradicar crímenes de odio en cualquier forma de violencia y discriminación en contra de las poblaciones LGBTI+, y para atender y garantizar justicia en igualdad para víctimas, comenzando por reconocer el transfeminicidio.

En cuanto a la mesa de economía, trabajo y cuidados, se plantearon propuestas referentes a que exista una perspectiva de género en cuanto a la valorización del trabajo de las mujeres, es decir "trabajo igual a salario de igual valor". Asimismo, que las mujeres son impactadas por una clara discriminación al tener una doble o triple jornada de trabajo, y que es importante atender el asunto de la movilidad dentro de las ciudades ya que no hay entornos seguros, por eso deben existir mejoras en los servicios y en la políticas públicas. En referencia al trabajo en el ámbito informal, se tiene que la mayor parte de las personas que trabajan en éste son mujeres, sin seguridad social, sin salarios dignos, expuestas al acoso sexual y violencias de todo tipo, además de estarse invisibilizando el derecho humano al trabajo.

También se discutió sobre la exigencia de que se reconozca el aporte y experiencia que hacen las personas mayores que están activas en los cuidados de la familia, así como de sus derechos humanos y el derecho a una muerte digna. En este mismo sentido, el reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y de pueblos originarios y rurales, ya que todas ellas aportan a la economía nacional. Se hizo énfasis en el derecho de las mujeres a una vida digna y libre de violencia, a la independencia económica y al uso del tiempo como lo decidan; y en que el desempleo está generando más pobreza, impactando a la economía de las familias, además de que el narcotráfico ha provocado el desplazamiento de las familias y la trata de las niñas y adolescentes.

Respecto del trabajo de cuidados, se planteó que éste es parte también del desarrollo de la economía del país, por lo que es necesario exigir políticas públicas orientadas al reconocimiento y a la valoración del trabajo del cuidado que implica para las mujeres ser cuidadoras de niños, niñas, adolescentes, personas enfermas, con discapacidad y personas adultas mayores. Por último, se expuso en esta mesa que se reconozca y valore el trabajo digno de las personas reclusas mientras estén privadas de su libertad y en su posterior reinserción.

Finalmente, en la mesa de participación política ciudadana se abundó en la creación de contralorías ciudadanas para vigilar el cumplimiento de la política pública con perspectiva de género y el presupuesto asignado y etiquetado, así como trabajar en el anclaje jurídico de las contralorías y en la capacitación. Otros de los temas fueron los procesos de acompañamiento a las mujeres para el acceso a los servicios y el ejercicio de su ciudadanía; aumento de presupuesto etiquetado para impulsar los liderazgos de mujeres en todas las esferas; tipificación y sanciones a la violencia política; presupuestos participativos municipales, estatales y federal con perspectiva de igualdad de género; paridad dentro de los partidos políticos; y formación de bancadas feministas para impulsar las agendas.

Los trabajos de la jornada servirán para conformar una agenda feminista común -que recoja las exigencias de las agendas de las entidades- con el objetivo de elaborar varios documentos dirigidos a las instituciones correspondientes de los tres poderes del nuevo gobierno federal.