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Dádivas y derechos



Por Sara Lovera
Periodista desde hace 40 años, fundadora de Comunicación e Información de la Mujer AC(CIMAC), fue directora del suplemento Doble Jornada, y actualmente es corresponsal de Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y del Caribe(SEMlac) en México; integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; conduce y codirige Mujeres en Movimiento y participa en la Mesa Periodistas de Capital 21, el canal por internet de la Ciudad de México. Es editorialista de Antena Radio, Mujeres Net, Cuadernos Feministas, y Proceso digital. En 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz.


El próximo jueves inicia en todo el mundo la Jornada de 16 días contra la violencia que viven las mujeres y que terminará el 10 de diciembre al conmemorarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta jornada, que ya empieza a ser una sana costumbre, la de la jornada, permite reflexionar sobre el estado que guarda la situación de violencia que viven las mujeres.

En México la situación no mejora. La guerra desatada en campos y ciudades contra  el narcotráfico; el círculo de violencia que se vive, en los lugares más recónditos o apacibles es nefasto. Pero se insiste en políticas públicas que pueden, en algunos casos, salvar vidas, en otros se trata de políticas de relumbrón y simuladas para aprovechar algunos recursos que se etiquetan tanto en presupuestos oficiales como en los organismos internacionales.

Este año, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres etiquetó recursos para los gobiernos estatales para analizar cómo el lenguaje excluyente y demoledor, coadyuva o no a la violencia que viven las mujeres, siete de cada 10 en todo el país.

Sin embargo, el lenguaje no es más que el reflejo de una situación social y de convivencia agresiva que no servirá de nada, si no hay otro tipo de transformaciones, por ejemplo que cese la política de guerra y la idea generalizada de que todos los conflictos sólo pueden solucionarse por la vía violenta, los golpes, los insultos o simplemente las armas.

De ahí la importancia de pensar, más bien, en la urgente necesidad de establecer un sistema de relaciones democráticas, de la familia al gobierno. De otro modo la espiral de la violencia será infinita. No es, como dice la derecha, que en los hogares se anida la violencia y, sí es al mismo tiempo, un reflejo que documenta como anda el país.

De la misma forma actúa sobre los hogares la política institucional violenta, donde las policías, el ejército, los sicarios, los empleados del narco y la delincuencia cotidiana dan muestra de una manera de abordar todas las relaciones, de las amorosas a las comerciales.

La Jornada de los 16 días intenta reflexionar y hacer mirar cómo funciona este sistema envolvente, donde todas y todos participamos de distintas formas y a pesar de leyes, políticas públicas y discursos, cada vez que se reflexiona se constata que no cesa la violencia contra las mujeres.

Sólo en el Distrito Federal, la capital del país, entre enero y septiembre de este año, 44 mil denuncias llegaron a las Unidades de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y personal en materia legal y psicológica atendieron 119 mil casos. El asunto revela que no hemos avanzado casi nada.

Sin embargo, hay intentos de parar seriamente el círculo. Por ejemplo, durante años las feministas han sostenido que una mujer se ve impedida de salir de un hogar donde es violentada sistemáticamente, del desprecio y desvalorización a los golpes y el miedo, porque no tiene cómo enfrentar la vida sin los recursos económicos del agresor, casi siempre su pareja, pero también se trata de los padres y a veces de hijos mayores.

Para remediar esto, en el Distrito Federal hace dos años, se creó un derecho: el seguro para mujeres violentadas, que consiste en una beca en dinero, en apoyo psicológico, un acompañamiento legal; capacitación para el trabajo y con frecuencia crédito para una casa. Este seguro, que no es dádiva sino un derecho en la capital del país, ayuda a salvar vidas, sin discusión, pero es también un acto de Estado a que obliga la ley, la Convención Interamericana contra todas las formas de Violencia que sufren las mujeres y  la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin violencia.

No es una dádiva, reitero, pero se confunde con ella, porque la población no tiene una explicación clara del significado de ésta, junto a otras políticas integrales que operan en el Distrito Federal y que en general no son cabalmente explicadas ni entendidas por la población.

También en el Distrito Federal se ensayan otras políticas, como la que ha establecido una casa de emergencia o la que recibe en un refugio temporalmente a mujeres violentadas. Además de la ley que creó, hace ocho o 10 años, las Unidades de Prevención que tampoco reciben la publicidad necesaria para que las mujeres acudan.

No se trata pues de dádivas, ni de discursos. La violencia contra las mujeres puede atenuarse con estas políticas, pero persiste en la sociedad porque la misma población la consciente. Se sigue creyendo que las mujeres son menores de edad, no tienen valor o pueden ser sin responsabilidad, controladas y maltratadas, porque es su destino.

Habrá quien me diga que estoy exagerando, pero no es posible encontrar una respuesta al número creciente de mujeres agredidas y asesinadas.

En esta jornada vale la pena explorar los datos que se irán dando durante 16 días; los modelos de atención a las víctimas y las formas como funciona este entramado que permite que no se solucione el problema.

Es maravilloso que haya muchas mujeres con un seguro contra la violencia que puedan usar. Es encomiable que de nuestros impuestos muchas de ellas reciban apoyos económicos para tener la fuerza de romper el círculo de su violencia familiar individualmente, pero valdría la pena pensar en comunicad y colectivamente, lo realmente necesario es que desecháramos en la vida diaria esta manera agresiva de relacionarnos, individual y colectivamente; tener un sistema de justicia que fuera eso y consiguiera hacer claro a quienes infligen violencia contra una mujer que eso es un delito inaceptable y que la política global del gobierno de Felipe Calderón retirara las armas como mecanismo para solucionar lo que llaman inseguridad, puesto que esa se anida, crece, se desarrolla tanto en la casa como en la calle, tanto en las relaciones de pareja, como en las laborales y comerciales, tanto en la idílica familia como en la escuela y en las carreteras.

Acabo de estar en Chiapas, y me contaron que en Comitán, la tierra de Rosario Castellanos, todos los días hay un hecho de violencia, o sea, se aprende, se recrea, se acepta y entonces no existe la fuerza millonaria para pararla. Hacen falta un millón de personas pidiendo que esto cambie, tomar el zócalo para pedir democracia y cero violencia, porque tenemos miles de huérfanos, miles de mujeres mutiladas, miles de mujeres deprimidas, miles de funcionarias frustradas porque ni todas las políticas, ni todo el dinero pueden hoy evitar el sufrimiento femenino que está ligado a la desigualdad y a la antidemocracia, el engaño y también, la demagogia que escucharemos repetida todos estos días.






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