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Mujeres, presupuesto y memoria



Por Sara Lovera
Periodista desde hace 40 años, fundadora de Comunicación e Información de la Mujer AC(CIMAC), fue directora del suplemento Doble Jornada, y actualmente es corresponsal de Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y del Caribe(SEMlac) en México; integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; conduce y codirige Mujeres en Movimiento y participa en la Mesa Periodistas de Capital 21, el canal por internet de la Ciudad de México. Es editorialista de Antena Radio, Mujeres Net, Cuadernos Feministas, y Proceso digital. En 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz.


La desmemoria es una de las tragedias nacionales. El olvido de nuestras raíces, ahora trastocado con tanta parafernalia acerca del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.

Una fase lamentable de la sociedad mexicana, en que se echa por tierra al juarismo o el significado de las múltiples invasiones norteamericanas a México, que con tanta exactitud relató Gastón García Cantú, o el contenido profundo del Plan de Ayala de Emiliano Zapata que era una propuesta de nación, esa que en 1910 era fundamentalmente rural.

Del mismo modo, todo mundo olvida que hace 15 años, ante la presión internacional se creó la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER) que coordinó la ex gobernadora yucateca Dulce María Sauri, ahí arrancó la política oficial, inductiva del gobierno mexicano para enfrentar lo que definió Ernesto Zedillo como un problema de Estado: la violencia contra las mujeres.

Muchos ayeres fundamentales de diagnóstico y reconocimiento,  cuando apareció en el panorama nacional la tremenda relataría de los oprobiosos hechos de violencia y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sabemos que durante ya hubo -en 1997- un Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y se echó para adelante la Norma Oficial Mexicana 190 que permitiría identificar y reaccionar en los hospitales de cara al maltrato femenino, se decía entonces acorde con la Convención Interamericana contra Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (conocida como Belén Do Pará).

A la vuelta de esos años, en estos días de la Jornada Internacional para Eliminar la Violencia Contra las Mujeres, la Comisión Especial del Feminicidio de la actual legislatura, revela como si nada, que en algunas entidades del país, como el Estado de México, la violencia crece hasta en un 5.8 por ciento en los dos últimos años y que es imparable.

Sabemos por las informaciones civiles lo que sucede en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde este lamentable 2010 cerca de 300 mujeres fueron asesinadas; conocimos que creció la violencia hasta 600 por ciento en las ciudades, comunidades, caminos donde se yergue el militarismo y los enfrentamientos de los grupos del crimen organizado con policías y miembros del ejército. Las montañas y las carreteras se tiñen de sangre y hasta se hacen recuentos puntuales y lamentables para los nuevos gobernadores. Como si nada y sin memoria, no hay duda, nos deben una puntual rendición de cuentas, porque una política oficial ha demandando millones de pesos para atajar lo que no se ataja.

Es obligación, desde aquellos años noventa, de la Secretaría de Gobernación todavía cabeza en materia de violencia contra las mujeres, de decirnos qué ha hecho y cómo, y por qué las cifras no disminuyen; en cambio aumenta el miedo y existe esa temeraria impunidad.

Para la diputada ciudadana, pero promovida por el Partido de la Revolución Democrática, Teresa Inchaústegui, lo que sucede es que es parte de la simulación eso de que ha crecido sustantivamente el presupuesto para los asuntos específicos de las mujeres y cómo  se avanza sin caminar.

Sabemos que los famosos institutos de las mujeres, la pasan del hambre a presupuestos exiguos, que además controla y distribuye para los temas que etiqueta y vigila el Instituto Nacional de las Mujeres, una entidad que está en la atmósfera por obra y gracia de las mujeres.

Teresa Inchaústigui, en reunión con dos o tres periodistas, dijo el lunes 22 de noviembre que el presupuesto para 2011 mermó en 35 por ciento en temas como la salud de las mujeres, a sabiendas que los cánceres femeninos se llevan al menos unas 18 mujeres diariamente; que se repiten gastos como el de un nuevo diagnóstico sobre la violencia que se hizo ya  por la UNAM y sin embargo ahora otros 20 millones de pesos se darán para ello a la Secretaría de Gobernación.

Dijo más: que ninguno de esos presupuestos que se arrancan cada año por  las legisladoras, tienen rendición de cuentas, que no es transparente y como se creó un ramo especial, el 10 en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pues que entonces es el Ejecutivo el que señala cómo y dónde, e integra mil cosas que nada tienen que ver, como algunas construcciones o compra de aparatos que debían ser para todo el sector salud.

En fin, que se nos olvida que hemos venido construyendo esas políticas y que siempre parece que apenas iniciamos. Lo grave de esa desmemoria es que no hay una fuerza organizada de mujeres para exigir, eso que ahora las diputadas parece que introdujeron en el presupuesto de 2011, que se rindan cuentas, que se explique, que se vigilen las normas.

Claro que una evaluación externa en tiempos de desgobierno, insensibilidad, falta de acciones políticas y harta violencia no parece posible. Y sí harta violencia, en la que  ya hay más muertos que en todas las etapas de la postrevolución, incluidos el 68, la persecución a los levantamientos del Cuartel Madera a los Zapatistas, la represión obrera del 58 al 60;  la incursión permanente, por años, en la montaña de Guerrero y por supuesto la guerra sucia y los desaparecidos.

Me lo dijo un ex procurador general de la República, sí, mucho más muertos en cuatro años que en todo ese periodo lastimero de fractura tras fractura de lo que se suponía era el programa de la Revolución Mexicana. La diputada asegura que hay cuatro mil cadáveres sin identificar en las fosas comunes.

 También me dijo ese ex funcionario, también como si nada, que en estos años y se cumplirán cuatro este 1 de diciembre, la administración calderonista, nos ha ido mermando no sólo presupuesto, sino libertades fundamentales, esas que son el eje de las Revoluciones: la de tránsito, la de la libre expresión de las ideas, la del trabajo y el salario remunerador,  incluso, la librecambista de la moneda y la del ahorro, las que debían existir para no hablar y reiterar que se deben respetar los derechos humanos, contenidos en las garantías de la Constitución Mexicana.

En esta jornada de 16 días de reflexión sobre los significados de la violencia contra las mujeres, habría necesidad de un balance, a partir de aquella vieja y amarillenta Comisión Nacional de la Mujer, la parafernalia de leyes y normas que están echadas al olvido y todavía son profundamente descocidas por la mayoría de la población, claro de las más interesadas: las mujeres.

Sería muy bueno que se rindan cuentas. Lo que de ahí pude saltar, es esta inmundicia, esta falta de civismo y legalidad de un gobierno que se lanzó a la guerra, sin importar la vida de hombres y mujeres; que sigue hablando en doble banda, de derechos cuando cotidianamente viola la ley y no existe ningún presupuesto etiquetado para el acceso de las mujeres a la justicia. El colmo.






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