Agosto 22, 2011.- Esta semana tengo acogotada la garganta. Hace muchas semanas que conocemos, entre periodistas, que en Quintana Roo reina un estado de cosas que atenta directa e indirectamente contra la garantía constitucional de la libertad de expresar, de decir, de contar las cosas que la profesión obliga para cumplir, también con el derecho que tiene cualquier persona de este país a ser informada.

Se sabe que existe en esa entidad la vieja tradición del poder que nos ha frustrado todas las iniciativas democráticas de los últimos decenios.

Sabemos que no se trata de algo exclusivo de Quintana Roo, donde gobierna el priista Roberto Borge Angulo, y que la antidemocracia conspira todo el tiempo frente a intentos de avances legítimos y necesarios.

Esto porque mientras redacto, llegó al Congreso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la embestida clara y definida de un grupo de mujeres que buscaban un adelanto importante para democratizar los documentos de ese instituto político y ampliar las libertades y los derechos de las mujeres. Sin avance.

Lo mismo sucede entre panistas que ya abrieron fuego para las elecciones de 2012 y se siente con desdoro cómo todavía no existe un gran movimiento para que nos expliquen cómo y en qué forma se aplicaron los recursos seis años atrás en el gobierno de Coahuila, cuyo ex gobernador es ahora el vocero, la imagen y el discurso del PRI.

Todo es parecido. La democracia se pospone, los derechos humanos consagrados en el artículo primero de la Constitución , y el sexto y séptimo de la libertad de expresión y el derecho del pueblo de México a ser informado, son violentados sistemáticamente por quienes ostentan el poder.

No es nuevo que ello se sume a la negativa reiterada a reconocer los derechos de las mujeres, lo que conspira contra la democracia y el progreso, pero fundamentalmente contra las libertades que asustan a los magnates de toda clase.

Es como vivir en medio de un sumidero profundo y largo, como el de Chiapas, donde nadie oye, nadie cumple y todos los de arriba, como decían las mujeres de los pueblos, hacen su juego, muerden, extorsionan, simulan y constantemente reprimen de muchas maneras a quien les dice que no.

En Quintana Roo se controla a la prensa. Se usa para denostar a la oposición de cualquier nivel, de cualquier playa, ciudad o municipio. Estamos al alba porque ahí no queremos periodistas perseguidas ni manos duras contra quien simplemente opina, describe o incluso lee boletines tras la amenaza y el miedo.

En Carrillo Puerto, municipio que lleva el nombre del insigne gobernador socialista que abrió causes a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en los años 20, Graciela Machuca, directora de la revista Maya sin Fronteras, sabe muy bien de estas cosas.

Enfermera de profesión, avecindada a la tarea informativa, conductora de radio que trasmite en la estación La Estrella Maya de Habla, propiedad del presidente municipal perredista, Sebastián Uc Yam, la periodista es una mujer de las que contribuyen al crecimiento económico y desarrollo democrático por trabajadoras, luchonas, porque buscan por todos los medios ganarse la vida dignamente.

Sabemos que un método recurrente para acallar voces es restringir la publicidad oficial, hasta ahogar una publicación o el programa de radio por falta de recursos para seguir informando y esto es siempre un hecho o una amenaza.
Graciela Machuca, madre de tres jovencitas y un adolescente, para completar sus ingresos realiza diversas actividades; como periodista sufre ahora lo que no se puede imaginar, porque no sirve, de servir acríticamente, al extremo grupo de poder estatal y tampoco al partido del presidente municipal el PRD, dueño de la radiodifusora.

Hace semanas o meses que vive con miedo, porque no atina a saber de qué se trata, sufre una campaña personal en su contra, que cobró relieve hace más de una semana después de que experimentó un accidente de tránsito donde resultaron lesionados dos jovencitos, José de Jesús Landeta López, de 17 años de edad, mismo que iba acompañado por Saúl Rolando Buenfil Yam, de 18 años, quien resultó con posible traumatismo craneoencefálico y fractura de tabique.

La motocicleta que corría sobre la avenida Santiago Pacheco Cruz, al llegar sobre la calle 66 se impactó con la parte frontal de la camioneta, la motocicleta era negra, tenía la matrícula B-53-EH.

Los jovencitos, alumnos del CONALEP, la directora, Cecilia Loria, informó que están fuera de peligro, pero están hospitalizados en Carrillo Puerto. El lamentable accidente del que la hacen responsable, aun cuando la subprocuraduría del Centro no ha emitido el peritaje, ha sido el pretexto para que las autoridades orquesten una marcha, notas a modo donde siempre la denominan como "seudoperiodista", además de otros escenarios de maltrato.

La han hecho parecer como una mujer sin amigos, sin embargo, es parte de un grupo importante de periodistas que laboran en todo el país, quienes se han solidarizado con ella tras el lamentable suceso que sirve a interés de otros, como decía antes, para recrudecer el hostigamiento y las amenazas.

Ella relata que la empresa aseguradora de su automóvil cubre los gastos médicos, que para eso son los seguros, también se encarga de las gestiones legales.

No obstante, ahora resulta que lo que se escribe en la prensa controlada por el Ayuntamiento, es que huyó de toda responsabilidad, porque no estaba cuando los agentes de tránsito llegaron. Las notas periodísticas, que no el dictamen judicial, ya la condenaron. Lo que es más importante y no se dice es que con su experiencia de enfermera, ella misma dio a los accidentados los primeros auxilios.

Pero ahora, una semana después, no hay peritaje, cuya responsabilidad es de la subprocuradora María de Jesús Loeza Chacón.

Este lamentabilísimo accidente no debiera, pienso, conectarse con la tarea profesional de Graciela Machuca, pero se deduce que es por el hostigamiento que existen a la tarea de las y los periodistas de la región.

Maya sin Fronteras, órgano identificado con las luchas de las mujeres hace tiempo que investiga casos y cosas que sufre la población femenina.

De ahí que Graciela Machuca, la directora, simplemente ha dado seguimiento a hechos lamentables que han tenido como víctimas a tres mujeres indígenas mayas que fueron acusadas de horribles delitos y que por una mala, malísima investigación judicial y construcción de errónea de los expedientes, provocaron que estas mujeres estuvieran injustamente en la cárcel, para luego decirles "perdone usted" y sin reparación de daños obtuvieron su libertad.

Se trata de Basilia Ucan Nah, quien fue detenida en marzo de 2008, acusándola de corrupción de menores y lenocinio. El caso fue atendido por la organización de derechos humanos Miguel Agustín Pro. Ella está libre pero el caso se encuentra en apelación en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se espera el debido proceso.

A Anastasia May Pacab la acusaron de administración fraudulenta de una asociación artesanal de mujeres. Estuvo ocho meses en la cárcel y fue detenida también en 2008.

De igual forma fue detenida Marina Vega, de 29 años, madre de cuatro hijos e hijas pequeñas. Estuvo privada de su libertad 13 meses en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto (del 17 de noviembre de 2009 al 14 de diciembre 2010). Se la acusó igualmente de corrupción de menores. Fue el Instituto Quintanoarrense de las Mujeres quien intervino para lograr su libertad.

Graciela Machuca conecta lo que está viviendo con estas denuncias. Aunque en general Maya sin Fronteras realmente publica lo que no se lee en otros sitios y medios. Teme por estos casos porque ahí se mostró la incompetencia del Ministerio Público, incompetencia exponencial y nacional, según todas nuestras crónicas. Solamente se logran juicios, y no se sabe si justos, en el tres por ciento de los casos.

Hay desde luego focos rojos en Quintana Roo, muchas y muchos periodistas han decidido callar ante el miedo, no han hecho denuncias ni han publicitado lo que ahí sucede. Por algo será. Los temores de Graciela Machuca son la evidencia de lo que se teme en Quintana Roo, por la falta de justicia, donde el debido proceso no existe y donde hablar puede tener consecuencias.