Una de las grandes dificultades de la democracia en México ha sido el reconocimiento claro y contundente de la igualdad entre hombres y mujeres. Los escollos son muchos y muy variados. Uno central es la incomprensión de los líderes "democráticos" a reconocer que las personas, hombres y mujeres, deben gozar de autonomía sobre su cuerpo y su preferencia sexual pretextando que la sociedad consintió y permitió, sostuvo o sostiene las más conservadoras convicciones.

"Lo personal es político", es aún la bandera libertaria de las mujeres para romper la idea de que lo que pasa en su casa, se justifica y se permite, aunque las anule y violente. La confusión entre lo privado y lo público.

Los derechos fundamentales de participación y acción política con un programa de reivindicaciones que incluye la libertad para decidir sobre un embarazo y la preferencia sexual, fueron y son el terreno de la disputa ideológica que se concreta en programas de gobierno y se combate en distintos frentes. El viejo divorcio entre marxismo y feminismo.

La debilidad y la timidez para poner en juego la antigua visión de la familia, reconocer cómo esa familia ha encubierto la violencia sistemática contra las mujeres que mantuvo y acrecentó la condición discriminatoria para la mitad de la población, así como la oposición a que ellas, nosotras, pudiéramos acceder a la justicia y el reconocimiento. La idea, inamovible, del papel de las mujeres en la sociedad, como adicionales y complementarias, parece no tener fin.

Esta contradicción de la línea progresista ha gravitado sobre las acciones, indiscutibles, en la formación de una fuerza de avanzada que, a pesar de todo, pudo horadar en el viejo régimen, tanto que en el año 2000 vivimos la ilusión de la transición democrática al derrotar al partido del viejo régimen e instalar en el poder a los protagonistas del retroceso. No obstante, algunas políticas públicas favorables al programa de reivindicaciones de las feministas han fructificado, entre otras cosas por la presión internacional, la modernidad y la firmeza de las feministas.

Hoy la disputa se profundiza tremendamente. La convicción de que ese grupo conservador ha propiciado la mayor de las crisis en México, desde la era revolucionaria. La clase política necesariamente tendrá que que abordar los temas de las libertades individuales, lejanas de la visión religiosa, así como reconocer la desigualdad y la pérdida de la seguridad invididual y colectiva. La pérdida de territorios a manos del crimen organizado y el olvido de la población indígena. Los derechos de la clase obrera y el término de la corrupción y el caciquismo como modos de vida.

Con la misma fuerza habría que considerar la desigualdad entre hombres y mujeres, y dejar atrás las visiones victimistas sobre esa mitad de la población, que no se resuelve con becas populistas para las madres solteras o los gemidos plañideros sobre el efecto de la visión conservadora del papel social de las mujeres. Tendrá que avanzar en la convicción de la igualdad y los derechos.

NUEVO CAMINO

Nada de esto estaba en el panorama. El planteamiento del Frente Progresista, que buscará la presidencia de la República no parecía inmutarse. Hoy no obstante, se abre una pequeña ventana de oportunidad que habrá de explicarnos uno de los caminos del cambio progresista.

Primero porque las izquierdas, tras un largo proceso de enfrentamientos por los pequeños poderes, han logrado firmar un pacto de unidad y una propuesta programática de largo aliento, llamada Un México para Todos, que se asume plenamente, según declaró el candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador y que contiene la declaración contundente de que un gobierno democrático y progresista debe garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, sin cortapisas.

La propuesta programática elaborada por un grupo importante de organizaciones sociales, individuos e individuas, que han recorrido con Cuauhtémoc Cárdenas el camino progresista de México, podría dar un giro fundamental y comprometido con esa visión libertaria que consiguió avances fundamentales en el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard.

El grupo de Cárdenas dejó bien claro: "se trata de una propuesta surgida de una ideología democrática y consecuentemente igualitaria, libertaria y republicana". Ni más ni menos que aquella que un día de 1988, consiguió una mayoría política frustrada por el encono de los grupos de poder económico que han llevado al país a la peor de sus crisis.

La propuesta compromete a las fuerzas progresistas a: garantizar la igualdad de género en materias política, social, laboral, cultural y de oportunidades, y a garantizar los derechos a la preferencia sexual y de salud reproductiva, a combatir la violencia sexual dentro de la familia, impulsar las legislaciones nacionales que permitan las uniones entre personas del mismo sexo y los derechos de adopción con independencia de las preferencias sexuales y a revertir las legislaciones oscurantistas en aquellos estados en los que se han cancelado los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Es el párrafo programático más avanzado de lo que conocemos como izquierda, que se complementa con otras propuestas clarísimas: fortalecer el Estado laico con reformas constitucionales y legales, programas y prácticas políticas de Estado, que aprueben los cambios al Artículo 40 constitucional -garante de la división del Estado y la Iglesia- y reviertan la reforma al Artículo 24 constitucional, regresivo y contrario a la tradición liberal del Estado mexicano.

Pero no solamente. El programa delineado por Cárdenas incluye reconocer y cumplir los acuerdos de San Andrés, empezando por modificar las reformas retrógradas en materia de derechos y cultura indígenas, en los términos aprobados por la Comisión de Concordia y Pacificación de 1996, tras la revuelta indígena de Chiapas y que fue traicionada en el Senado de la República, y avanzar en una reforma laboral que preserve los derechos laborales logrados en los años de lucha obrera.

Esta propuesta que reivindica la razón del crecimiento progresista iniciado en 1988, fustiga las políticas clientelares y asistenciales que han impedido el crecimiento y la civilidad sociales. Propone recuperar una política de industrialización que saque al país de la crisis de productividad e instrumentar reformas de ley que hagan exigible ante el Estado, el ejercicio de los derechos ya reconocidos al trabajo, la salud y la vivienda.

Si esto es verdad y el grupo de AMLO realmente lo asume, estamos en presencia de una verdadera campaña por rescatar al país, sin la ambigüedad de los buenos y los malos, la honestidad y la decencia, que no tienen profundidad ni sentido, si no se instrumentan claramente nuevas políticas públicas y ejercicio de derechos, no de prebendas o promesas que hacen de las y los mexicanos súbditos al poder de uno o varios líderes, sino una ciudadanía moderna y capaz de defenderse con la ley y no con la esperanza.

Adicionalmente esta propuesta deberá desmantelar la idea inconveniente y nebulosa de que una mujer, sólo por ser mujer, puede representar los derechos de las mujeres. Tenemos que derribar el mujerismo que tantas confusiones ha producido. No es garantía alguna llevar a una mujer al poder, cuando ella representa el retroceso y/o la corrupción.