En días pasados las mujeres de distintas organizaciones y partidos políticos han celebrado dos sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife expediente SUP-JDC-12624/2011). Una en la que se mandata a los partidos políticos para que las listas electorales de voto directo estén conformadas necesariamente por al menos 120 mujeres a la Cámara de Diputados y 26 al Senado de la República.

Y la otra sentencia, de unos días antes, es la que obliga a construir las fórmulas electorales, en el caso de mujeres, con suplentes necesariamente mujeres.

Las dos sentencias de noviembre pasado sujetas a varias reacciones e incidentes, como les llaman, porque en los partidos políticos no les parecía, no obstante su gran importancia, se limitan a la elección federal y exclusivamente a 2012.

Se ha dejado al garete la construcción de las listas en los estados de la República en caso de elección estatal y a pesar de que existen demandas sustanciadas para que los partidos cumplan con sus estatutos, tanto para las listas electorales en general y los órganos de dirección, siguen sin cumplirse. Es curioso cómo en estos tiempos haya tal resistencia de las dirigencias de los institutos políticos.

Beatriz Cossío, antigua dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha enviado a las autoridades electorales una demanda para que el PRD cumpla sus estatutos en la conformación de sus órganos de dirección, donde no se llega ni al 20 por ciento de representación femenina, no obstante que sus estatutos dicen que la representación, las listas electorales, la dirección del partido, debe tener 50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres, es decir, la paridad.

Veamos, según explica la experta electoral Cecilia Tapia, todos los partidos, o sea sus dirigencias, incumplen y violan alegremente sus estatutos. Los estatutos del Partido Acción Nacional (PAN) hablan de 40 por ciento, sólo cumplieron con el 32; los del Revolucionario Institucional (PRI) obligan a la paridad y tampoco cumplen, sus estadísticas revelan que llegan apenas al 30 por ciento; como los anteriores, en el PRD, también hablan de paridad, y sumando todo, sólo llegan al 41 por ciento, pero ahora en los órganos de dirección lo bajarán a 20 por ciento; en el Partido del Trabajo (PT) se garantiza el 40, las mujeres ocupan el cinco por ciento; el Verde Ecologista de México se obliga al 30 por ciento, tampoco cumple apenas llega al 20; el Movimento Ciudadano señala un 40 por ciento, y la historia es la misma, no cumplen, se quedan con la mitad de los cargos que debieran ocupar las mujeres.

En conclusión: si no cumplen con las leyes internas de sus partidos, ¿cómo esperamos que cumplan con las otras leyes?

Lo paradójico es que en el Partido Nueva Alianza no hay cuota de género, pero en sus órganos internos y en sus listas -en el pasado- tuvieron hasta 44 por ciento de mujeres. Lo más grave es que el Instituto Federal Ectoral (IFE) ni persigue ni sanciona y los partidos tratan de ocultar a las militantes esta obligación. Si una pregunta, las militantes no saben.

Aunque este caso del PRD es escandaloso, no es el único. No sabemos cuántas personas se hayan quejado porque en los partidos políticos existe el más eficiente y lamentable cuello de botella para que lleguen las mujeres, tras una lucha por tener derechos cívicos y políticos que comenzó un día en Zacatecas, en 1842, cuando nos iniciábamos en la vida independiente.

Se trata, o bien de resistencia machista, clara y dura o bien de una ignorancia supina que muestra otra resistencia, la que se refiere a saber, a enterarse, que vivimos en un mundo moderno, en el siglo XXI y cuando las mujeres ya estamos en el espacio público.

Tendrían que saber que hace casi 100 años que nos educamos en las universidades y que somos una fuerza de trabajo tangible, eficiente y explotada, como la de los hombres. Tampoco conocen las leyes de igualdad y de acceso de las mujeres a una vida sin violencia y desconocen o minimalizan todos los otros derechos que están en la Constitución.

De forma adicional, hubo una resistencia a la ley y se tuvo que hacer una larga tarea para que los partidos destinen el 2 por ciento de su presupuesto regular e impulsar liderazgos femeninos, de acuerdo al mandato de 2008. Ya fueron multados y ahora, con las sentencias, tendrán que hacerlo en definitiva.

Lo terrible es que ha tenido que intervenir directamente el IFE, que de manera directa solicitó a las mujeres responsables de las áreas de género mostrar cómo, dónde, cuánto, en qué forma van a gastar las asignaciones de 2012. Está bien, es dinero de nuestros impuestos, los 21 millones para el PRI o los 4 millones para el Movimiento Ciudadano. Lo infinitamente incomprensible es el manual o los requisitos; si ustedes los vieran, es un mamotreto peor que el que exige el Banco Mundial o la más grande de las fundaciones que apoyan a las organizaciones no gubernamentales, que debe llenarse, para lo cual hay áreas de género que han tenido que contratar a empresas consultoras, lo que sangra esos pocos dineros para impulsar el liderazgo femenino. Veo sufrir a las representantes y me parece una desgracia. En el IFE debían ofrecer dicha consultoría y lo que me pregunto es si ¿exigen lo mismo a los dirigentes para que comprueben qué hacen con todos los millones que manejan?

Lo cierto es que como ha sustanciado una organización internacional llamada IDEA, es en los partidos políticos, sus dirigencias tienen una resistencia a reconocer los derechos de las mujeres que muestra con claridad el piso y el fondo de la antidemocracia en México.

Un problema adicional que es necesario examinar, es que se catapulta a muchas mujeres que carecen de conciencia de mujeres, y como se puede probar, llegan a los cargos o a las listas y luego a los congresos o presidencias municipales, incluso a las gubernaturas, sin importarles la condición de las mujeres. Muchas se vuelven en nuestra contra, como lo hacen las directoras de diarios o las presentadoras de televisión, con mucha frecuencia. Existen honrosas excepciones, pero son eso.