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Lo que nos espera
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Por Sara Lovera
Periodista desde hace 40 años, fundadora de Comunicación e Información de la Mujer AC(CIMAC), fue directora del suplemento Doble Jornada, y actualmente es corresponsal de Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y del Caribe(SEMlac) en México; integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; conduce y codirige Mujeres en Movimiento y participa en la Mesa Periodistas de Capital 21, el canal por internet de la Ciudad de México. Es editorialista de Antena Radio, MujeresNet, Cuadernos Feministas, y Proceso digital. En 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz.
La autora hace un reclamo a las autoridades gubernamentales por no dar importancia a la tarea de una defensora de los derechos humanos, al no brindarle el apoyo para que continúe con su labor; desinterés que va de la mano con la libertad de expresión que se va perdiendo poco a poco con el gobierno que aún no termina de entrar a Los Pinos.
Cuando leo que la defensora de derechos humanos, Margarita Martínez y su familia han salido de Chiapas, porque ahí su vida está amenazada y no se puede estar ante la indiferencia e ineficacia de las autoridades.
Luego veo un informe detallado de cómo la violencia creció mil veces contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya geografía parece desvanecerse ante el cúmulo de protestas sin eco que nos definen como país sin remedio.
El colmo, cuando escucho al procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, que ni se inmuta por la violación de cinco jovencitas en un paraje boscoso de Ixtapaluca, haciendo suponer que la violación equiparada no es violación y se defiende, señalando sin ambages, que por tres o cuatro "incidentes" no se puede generalizar y decir que el Estado de México es uno de los lugares más peligrosos del país, especialmente para las mujeres, se me achica el alma.
Eso me envió directamente a la memoria. ¿Ya se olvidaron cómo fue la superficialidad con que se trató a las mujeres de Atenco? 25 violadas por policías del Estado de México y, en retrospectiva, veo a las flamantes directoras de institutos de las mujeres consintiendo que el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, al negarse a activar la aleta de género, que tal vez hubiera evitado la atroz tortura de horas y horas contra las jovencitas en Ixtapaluca la madrugada del 13 de julio. Me siento peor que nunca ¿Qué nos espera? Me pregunto.
¿Qué esperamos si no levantamos nuestras voces en todas partes? Porque hay que agregar la lista enorme de mujeres asesinadas cada año, la cantidad inmensa de desaparecidas que se unen a la frivolidad con que las autoridades federales, socias del que ya siente que su casa está en los Pinos, me confirma la urgente necesidad de ser y estar fuera de las élites del poder, porque podemos convertirnos en cómplices de esta espiral de violencia que se lleva periodistas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, hombre y mujeres de la sociedad en los múltiples actos de violencia institucional.
Azorada me enteré esta madrugada que el periodista de derecha Pedro Ferriz de Con ha sido removido del noticiero en Cadena Tres del grupo Imagen por su jefe Olegario Vázquez Raña, luego que dictó una conferencia a estudiantes donde dijo que Enrique Peña Nieto es ignorante, "un hombre que pertenece a un sistema político que está acostumbrado a robar, todos sus colaboradores se han hecho millonarios y todos se han hecho millonarios en el sistema político mexicano", sátrapas –dijo- del grupo Atlacomulco y llamó a Peña Nieto arrogante que no hizo nada para que Arturo Montiel, ex gobernador, y "su padrino", fuera juzgado, por lo que en una ocasión le habría dicho que frente a ello, como comunicador “no lo podría respetar” y que su llegada a los Pinos era "una regresión".
Tras lo que dijo, simplemente fue despedido. Observar que socios del sistema y anticomunistas como Ferriz de Con, es el primer comunicador impunemente reprimido, sigo azorada. Su discurso está en YouTube y ahora Ferriz fue sustituido por un empleado de Carlos Salinas de Gortari, como lo es Pablo Hiriart, director del diario La Razón.
¿Qué nos espera? Ese es el problema supremo de este momento. La vuelta del PRI ratificará todos los temores y los asedios a la palabra, a la crítica y a la convivencia democrática que tanto anhelamos en este país herido de muerte por la impunidad y la injusticia. No se trata, es evidente, de cosas menores o insensatas. Es la vida de cada quien la que está en juego. Porque es vital poder hablar, discutir, decir lo que se piensa, sin que ello constituya un motivo de persecución o represión. Incluso de muerte.
Ahora mismo, un puñado de mujeres plantean en Nueva York cómo se violan los derechos a interrumpir un embarazo, a colectivamente pedir que se detenga la violencia, a solicitar que se cumplan los tratados internacionales que forman parte de la Constitución , que están en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia y de Igualdad de Mujeres y Hombres, todas papel mojado, pero referencias necesarias de un supuesto Estado de Derecho.
CASO DE MARGARITA
En un comunicado difundido por las redes de mujeres se supo que ante falta de garantías por su vida, Margarita Martínez y su familia salen de Chiapas porque hay ineficacia del gobierno estatal y del federal, para garantizar su vida, su integridad y su seguridad. Se trata de una defensora de derechos humanos, entre decenas que son perseguidas por sus ideas y sus acciones de defensa. Una mayoría ligadas a las iglesias y a grupos simplemente humanitarios.
Margarita Guadalupe Martínez Martínez y su familia han decidido dejar temporalmente el lugar donde habitan, porque aparentemente el Estado mexicano ha sido incapaz de protegerla a pesar de contar con medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Margarita Martínez fue objeto de amenazas de muerte en varias ocasiones, la última el pasado 30 de junio, justo cuando preparaba su participación en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, como parte de una delegación de defensoras de derechos humanos de México.
En el marco de la 52 sesión del CEDAW, Margarita Martínez, junto con otras integrantes de la Red Nacional de Defensoras de México denunciaron ante esa representación de los gobiernos, el contexto y la realidad de la violencia contra las defensoras en el país.
Su llamado fue elemental y dolorosamente conocido: "En México se ha producido un aumento alarmante de violencia en contra de defensoras de Derechos Humanos. Una violencia invisibilizada y disminuida en su gravedad, características y consecuencias en el contexto generalizado de impunidad, violencia y criminalización de la protesta social que vive el país."
La CIDH al conocer el caso fue muy clara: El deber de prevención no se limita a proporcionar medidas materiales de protección, sino que conlleva la obligación de actuar sobre las causas estructurales que afectan la seguridad de las personas amenazadas. Para cumplir esta obligación, el Estado debe investigar y sancionar a los responsables de los hostigamientos, las amenazas y los ataques contra defensoras y defensores. Pero nada, lo menos es señalar que el gobierno de Chiapas es ineficaz, porque habría que llamarlo cómplice y omiso, por conveniencia.
¿Si eso sucede en un gobierno que fue perredista? ¿Qué nos espera? Margarita sufrió amenazas de tiempo atrás, desde el 2009. Incluso fue secuestrada y torturada. Por ello en el 2010, la CIDH emitió las medidas cautelares MC 52- 10, a favor de Margarita Martínez y su núcleo familiar.
El pasado 30 de junio 2012, en la ciudad de San Cristóbal Las Casas, Chiapas, México, aproximadamente a las 18.00 horas, Margarita fue amenazada de muerte a través de un escrito, justo antes de asistir a Nueva York a una de las sesiones del Comité de la CEDAW.
¿Su pecado? su labor a favor de los derechos de las comunidades indígenas de Chiapas.
Las agresiones y las amenazas contra las mujeres defensoras de derechos humanos, se concreta con un dato simple: en los últimos dos años 11 defensoras fueron asesinadas. El diagnóstico indica que las entidades de mayor peligro son: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Se las persigue por denunciar las atrocidades y los homicidios contra mujeres, el tema de trata, de la desaparición forzada y los abusos de las fuerzas militares y policíacas del país.
En Nueva York muchas mujeres, encabezadas por la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, discuten y alegan. Allá, entregaron 16 voluminosos informes y contra informes de lo que el Gobierno de Felipe Calderón señala, a través de Rocío García Gaitán, como el "adelanto de las mujeres". No se trata sólo de tergiversar la realidad, sino de ocultar que la crisis de guerra desatada por el régimen de Felipe Calderón, que deja un gran desastre y una cadena de violaciones a los derechos humanos. Qué habrá que enfrentar en la próxima administración, la que por los antecedentes y las evidencias no ofrece nada. Al contrario.
¿Qué nos espera ahora?, sigo preguntándome.