Hace ya 13 años, en agosto de 2000, en Guanajuato, se desató una polémica en torno a los derechos de las mujeres al penalizar el aborto por todas las causales. Ese mismo año, con Rosario Robles al frente de la jefatura del Distrito Federal, su Código Penal se actualizó respecto a la interrupción del embarazo por malformación del feto, riesgo de vida de la madre o violación. En 2007, la capital del país marcó precedente al asumir los derechos de decisión de las mujeres al reconocer y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier situación.

En pleno siglo XXI, inaugurando su segunda década, en Huejutla, Hidalgo, la historia de condena y castigo, moral antes que legal, para las mujeres se repite y marca un precedente más para reflexionar sobre puntos cruciales de la llamada democracia y los derechos fundamentales ciudadanos: la libertad.

Una joven de 19 años, estudiante del Colegio de Bachilleres del estado (Cobaeh), corre el riesgo de pena de prisión por hasta 40 años, por supuesto homicidio doloso contra su descendiente, un feto de 8 meses de gestación.

El simple dato mueve a la sorpresa, la indignación y la condena en pro y contra del caso. Mucha tinta, y otra tanta movilización, de mujeres ha corrido históricamente porque se reconozcan y respeten los derechos de las mujeres: poder de decisión, poder decidir sobre número de hijos y su espaciamiento (eso que constitucionalmente está plasmado y se desconoce en casos como éste), poder sobre esta bendición y maldición que significa para nosotras la maternidad.

Todo ocurrió la mañana del jueves 17 de enero de 2013, en un domicilio ubicado en la colonia Capitán Antonio Reyes, en el municipio de Atlapexco, Huejutla, lugar donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para atender a Nereyda Bautista Martínez, quien aceptó haber dado a luz en la letrina de su casa, 12 horas después de su ingreso al hospital, por lo que quedó en calidad de detenida hasta indagar el motivo de muerte del producto. Pero que a tres semanas se determinó q ue la necropsia practicada al producto arrojó que tenía ocho meses de gestación y su muerte fue consecuencia de asfixia e hipotermia, por lo que se descartó la posibilidad de un aborto espontáneo y hoy podría ser juzgada por el delito de homicidio doloso, calificado como grave para quien prive de la vida a un descendiente o ascendiente, y la pena es entre 25 a 40 años de prisión de acuerdo al Código Penal

El evento mueve al espanto y al horror. Primero por la falta de información de las jóvenes sobre su sexualidad y su cuerpo. Luego porque la forma en que se difunde la información mueve al prejuicio y condena social sin atenuantes. No se considera su juventud e inexperiencia. Éstas son quizá la causa de que se haya embarazado, lo haya tenido que ocultar y haya tenido un desenlace que nadie se interesa o ha interesado por indagar: ¿y si fue un aborto espontáneo y ella no supo qué hacer, es más no se dio cuenta que esa sensación de evacuar era un signo inminente de parto? ¿O ante el parto recurrió al recurso desesperado de no hacer nada o hacer cosas que pusieron en riesgo su vida y la del producto? ¿Y si en la desesperación en verdad atentó contra sí misma para interrumpir este embarazo, con estas consecuencias, sin darse cuenta que era ya demasiado tarde y abortó en la letrina?

No se puede determinar, ni hacer justicia cercana a lo verdadero y necesario, si no se investiga "objetivamente", con autopsia al feto, sobre las causas reales de su muerte, pero también sobre las condiciones sociales, económicas, emocionales y personales de la joven, porque se asume que lo fue a "arrojar" a la letrina, lo cual provoca indignación y condena social que se traduce en la penalidad jurídica. Lo que está en el trasfondo es la "desnaturalización" de la mujer, porque si ya había cometido errores y pecados como el ejercicio sexual clandestino (probablemente), el embarazo y el ocultamiento de éste, lo peor de lo peor ha sido y es el aborto -aquí cabe decir que no importa si fue inducido o provocado, el caso es que se dio, al menos eso parece. Y eso se paga y muy caro: con 40 años de vida... La mentalidad judeo-cristiana permea la justicia.

Otro aspecto a considerar en este juicio y caso, antes de juzgar y tirar las miles de piedras, es la empatía con esta joven, que el derecho debe contemplar al evaluar las agravantes: cuando se habla de que murió en la letrina, los que sabemos y conocemos la zona, podemos inferir el origen humilde y si a eso agregamos el estado físico y emocional del momento, aunado a su juventud para reaccionar ante la expulsión del feto en la letrina, podríamos entender que poco podía hacer ¿echarse un clavado en la letrina cuando ella misma estaba respondiendo a un momento crítico de parto? ¿Reaccionar como si no fuera excepcional todo lo que ocurría? ¿Dónde queda la sorpresa, el miedo, el estado físico y emocional críticos? ¿De verdad creemos en el dolo de esta joven?

Lejos de callar ante este hecho escandaloso, no propiciado por la joven sino por las circunstancias y la aplicación de la "ley", la sociedad, el sistema de justicia, las mujeres, los jóvenes, todos, deberíamos repensar los hechos, replantear la "justicia", protestar por el abatimiento del estatus ciudadano de las mujeres y, sobre todo, reclamar condiciones justas para que las jóvenes que por circunstancias diversas desean o consideran interrumpir un embarazo lo hagan en condiciones mínimas básicas de dignidad y seguridad social. Ya hemos tenido mucho de Guanajuato en 2000 y en 2010 con las mujeres presas por abortos clandestinos. Es hora de reclamar se le dé algo de sentido a esa palabrita de moda, que hoy se demuestra no se entiende ni asume: Equidad y, por ende, Justicia...