“ENTRE MUJERES INSURGENTES Y REVOLUCIONARIAS”
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
UNAM
Jueves 29 de abril. Mujeres insurgentes
- Josefina Hernández Téllez. La educación femenina en 1810
- Layla Sánchez Kuri. Presencia femenina en la Independencia.
- Elvira Hernández Carballido. Leona Vicario, la corresponsal de los insurgentes.
- Rosalinda Sandoval Orihuela. Los taconazos de Doña Josefa
Moderador: Vicente Castellanos Cerda
Inaugura: Maestro Arturo Guillemoud Rodríguez Vázquez
Salón 12 Edificio de Posgrado (“F), 18:00 horas, FCPyS
Viernes 30 de abril. Mujeres revolucionarias
- Rosa María Valles Ruiz. Periodista y feminista: Hermila Galindo
- Elsa Lever M. El Universal y las mujeres periodistas
- Gloria Hernández Jiménez. Mujeres, revolución y fotografía
- Francisca Robles. Los corridos y la presencia femenina
Moderadora: Noemí Luna García
Inaugura: Maestro Arturo Guillemoud Rodríguez Vázquez
Sala Lucio Mendieta, Edificio de Posgrado (“F), 18:00 horas, FCPyS
¿Dónde están los límites de la información? El debate sobre el aborto, agosto de 2000
Periodismo, medios y ciudadanía
Por Josefina Hernández Téllez y Elsa Ángeles Vera
Periodista, investigadora en estudios de género, profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)y la UNAM, y responsable del grupo de investigación de Género y Comunicación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC).
Hace poco menos de una década en el Estado de Guanajuato y el Distrito Federal, se dio una discusión pública y política en torno del aborto. Tema intocado e intocable en el país por tradición y sobre todo por conveniencia política. El resultado fue parcialmente favorable al derecho humano y ciudadano de las mujeres a decidir sobre su deseo y voluntad de ser madres.
El detonante fue la iniciativa del Congreso del estado de Guanajuato en el año 2000 a penalizar el aborto por causales como la violación, la malformación del feto y el riesgo de vida de las mujeres por el embarazo. De este estado es originario el expresidente Vicente Fox, quien había sido recién electo como primer presidente de un partido diferente al Revolucionario Institucional, el de Acción Nacional, identificado ideológicamente como un partido de derecha.
Ante la protesta por el retroceso que significa penalizar lo despenalizado en Guanajuato, la jefa de gobierno Rosario Robles Berlanga, favoreció el debate sobre la actualización de los derechos de las mujeres en el Código Penal del Distrito Federal. A unos pocos años además, en la capital de la República se consiguió atender en el sector la atención del aborto voluntario y en Guanajuato en lo inmediato por decreto del gobernador se desechó la iniciativa, no tanto por convicción sino por ser contraproducente al momento de asunción de su partido por primera vez a la dirección del país.
Sin embargo, a menos de un lustro en el país entero se ha dado una ola retardataria respecto de los derechos reproductivos de las mujeres al aprobarse en 14 estados del país leyes que restringen la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.[1]
Grupos civiles diversos identifican tal acción al predominio conservador a raíz de una dirección presidencial panista, que ha avalado el Partido Revolucionario Institucional, junto con la Iglesia, en los diferentes Congresos. [2]
Cierto o no, lo real es que este escenario revela dos cuestiones fundamentales. La primera tiene relación con el derecho básico garantizado que debe tener toda sociedad a ser informada; la segunda se refiere a las garantías constitucionales de la mitad de la población, la femenina, de ser considerada dentro del amplio concepto de ciudadanía que implica de sí no sólo obligaciones sino los derechos de opinar y decidir.
En esta primera consideración el periodismo juega un papel fundamental. Incluso, una de sus razones y misión fundamentales de los medios periodísticos en general es informar para orientar y formar opinión en la sociedad. Este objetivo lo cumplen los medios al incorporar en sus agendas los hechos del día, tanto como noticia como tema de discusión en sus espacios de opinión.
Para investigadores como el doctor Francesc Barata[3], la consolidación del periodismo a principios del siglo pasado, va de la mano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) porque califica el acto informativo como algo que se debe al público, necesario para el funcionamiento de las sociedades democráticas. En ese marco, el periodista sólo es un transmisor.
En la actualidad hay un marco legal, internacional y nacional, muy amplio que protege la libertad de información y la libertad de expresión. Desde los artículos sexto y séptimo de la Constitución mexicana que, aunque carecen de una actualización acorde a los nuevos tiempos que, por ejemplo, incluyeran términos como “información veraz”, “cláusula de conciencia” y “secreto profesional”, como lo contiene la constitución española, por ejemplo, son una base fundamental para el ejercicio periodístico en México.
A nivel local, el Distrito Federal sí es de avanzada porque ya cuenta con una Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, promulgada el 27 de abril de 2006 y la Ley del Secreto Profesional del Periodista, del 7 de junio del mismo año.
En el ámbito internacional están la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto San José (1969), la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, la Declaración Conjunta de Relatores de Libertad de Expresión y la Declaración de Chapultepec; así como la existencia de organismos encargados de velar su respeto como el Comité de Derechos Humanos, la Relatoría y la UNESCO.
Se reconoce después de toda una labor y lucha el derecho de las y los periodistas como los actores más importantes de garantizar este derecho, de ahí que tengan un trato preferente.
Pero ¿dónde están los límites a la información?
Mientras los periodistas tienen derechos frente a una sociedad que precisa de la publicación de los hechos y que además, tiene que transparentar los actos del Estado; las partes tienen derecho a ser respetados como personas, en las garantías procesales (como la presunción de inocencia) y, sobre todo, proteger los derechos de los más vulnerables como son migrantes, niños y niñas, indígenas, con capacidades diferentes, entre otros.
De la teoría a la realidad
No obstante todas estos supuestos y garantías alcanzadas, reconocidas y cada vez mayormente difundidas, tanto para emisores como receptores, en la realidad se dista mucho del ideal tanto para informadores como para el público sobre todo en países como el nuestro. Basta repasar cifras y casos de periodistas agredidos y desaparecidos por informar, o bien, el monopolio informativo que se ejerce en nuestro país y que no sólo sesga sino manipula la realidad.
De aquí la pertinencia de retomar y rescatar el caso concreto de la cobertura y discusión de temas importantes y cruciales para las mujeres como es la penalización/despenalización del aborto, es decir, sus derechos reproductivos, para confirmar cómo se violan éstos. En el análisis de la agenda periodística encontramos que los temas que atañen a la mitad de la población no se ven, no se consideran relevantes y son pretexto para debatir los “grandes” o “importantes” temas de la política y la economía, por ejemplo.
Este es el caso del debate sobre la penalización/despenalización del aborto en agosto de 2000 en nuestro país y que se refrenda con el escenario legal y real que se está dando hoy sobre el tema.
Esta afirmación tiene fundamento en el análisis del debate periodístico que se dio en ese periodo en la sección editorial, el espacio que influye no sólo en la opinión pública sino en el llamado círculo rojo, el círculo de poder y decisión; en tres diarios de circulación nacional: Reforma, El Universal y La Jornada.
No obstante que median nueve años de diferencia, los resultados que se encontraron sobre la forma en que se cubrió el tema y los argumentos que predominaron explican por qué hoy está sucediendo esta vuelta a ignorar los derechos ciudadanos y reproductivos de las mujeres, pues si bien hubo una cobertura amplia, plural y generalizada, el análisis cuantitativo-cualitativo permiten confirmar que el derecho de las mujeres de ser informadas y orientadas sobre un evento crucial en sus vidas, se violentó al ser el motivo para discutir la coyuntura política representada por la alternancia política, el perfil de un presidente panista en el poder y los debates teológicos sobre la vida, principalmente.
En este sentido, las mujeres una vez más fuimos objetos y no sujetos de la información, y si a esto se agrega que las especialistas de la opinión, en su mayoría, no asumió una postura personal como mujeres, la fuerza y contundencia del periodismo de opinión no impactó e impacta en su dimensión “ideal” a los círculos de poder, de decisión y sobre todo de lector@s ávidas de orientación.
En el caso del debate del aborto, el lugar de las mujeres como protagonistas y como creadoras de la noticia revelan el justo medio en el que nos movemos las ciudadanas respecto de nuestros derechos de información y de poder de decisión, más allá del discurso de emancipación y equidad alcanzadas en este siglo XXI. Es decir, no somos visualizadas como ciudadanas en el amplio sentido de la palabra: con edad, personalidad y garantías. Queda en este siglo discusión-reflexión y acción pendientes para concretar la vanagloriada “equidad” de género.
Notas:
[1] Carolina Gómez Mena. “Retrocesos legislativos en materia de aborto, nueva inquisición, afirman grupos feministas”. La Jornada, jueves 18 de junio 2009.
[2] Baja California, Colima, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Puebla y San Luis Potosí cuentan con estas normas, además de Chihuahua, estado que las aprobó hace algunos años.
[3] Francesc Barata es doctor en ciencias de la comunicación y profesor de la Universidad Ramon Llull, URL (Barcelona), como también profesor del Graduado en Criminología de la Universidad de Barcelona, UB, y del Master Europeo Sistema Penal y Problemas Sociales. Antes de entrar al mundo académico trabajó durante doce años de periodista en diversos medios, entre ellos El Periódico, El Observador y La Vanguardia. En la última década se ha dedicado a la investigación del tratamiento periodístico de la violencia criminal y en el año 2002 presentó su tesis doctoral La mirada periodística sobre el delito. Ha sido investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México y conferencista en numerosos países del ámbito latinoamericano. También ha tomado parte en diversas investigaciones financiadas por organismos oficiales. Es coautor de media docena de libros, entre los que destacan La violencia en la mirada (Papers d’EStudi, 2001) y Sistema Penal y Problemas Sociales (Tirant lo Blanch, 2003). Entre sus publicaciones académicas cabe citar “Las nuevas fábricas del miedo” (La protección de la seguridad ciudadana, The International Institute for the Sociology of Law, 1995) y “Mas media y criminalidad en la sociedad del riesgo” (Trípodos, extra 2003)
Por Josefina Hernández Téllez y Elsa Ángeles Vera
Periodista, investigadora en estudios de género, profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)y la UNAM, y responsable del grupo de investigación de Género y Comunicación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC).
Hace poco menos de una década en el Estado de Guanajuato y el Distrito Federal, se dio una discusión pública y política en torno del aborto. Tema intocado e intocable en el país por tradición y sobre todo por conveniencia política. El resultado fue parcialmente favorable al derecho humano y ciudadano de las mujeres a decidir sobre su deseo y voluntad de ser madres.
El detonante fue la iniciativa del Congreso del estado de Guanajuato en el año 2000 a penalizar el aborto por causales como la violación, la malformación del feto y el riesgo de vida de las mujeres por el embarazo. De este estado es originario el expresidente Vicente Fox, quien había sido recién electo como primer presidente de un partido diferente al Revolucionario Institucional, el de Acción Nacional, identificado ideológicamente como un partido de derecha.
Ante la protesta por el retroceso que significa penalizar lo despenalizado en Guanajuato, la jefa de gobierno Rosario Robles Berlanga, favoreció el debate sobre la actualización de los derechos de las mujeres en el Código Penal del Distrito Federal. A unos pocos años además, en la capital de la República se consiguió atender en el sector la atención del aborto voluntario y en Guanajuato en lo inmediato por decreto del gobernador se desechó la iniciativa, no tanto por convicción sino por ser contraproducente al momento de asunción de su partido por primera vez a la dirección del país.
Sin embargo, a menos de un lustro en el país entero se ha dado una ola retardataria respecto de los derechos reproductivos de las mujeres al aprobarse en 14 estados del país leyes que restringen la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.[1]
Grupos civiles diversos identifican tal acción al predominio conservador a raíz de una dirección presidencial panista, que ha avalado el Partido Revolucionario Institucional, junto con la Iglesia, en los diferentes Congresos. [2]
Cierto o no, lo real es que este escenario revela dos cuestiones fundamentales. La primera tiene relación con el derecho básico garantizado que debe tener toda sociedad a ser informada; la segunda se refiere a las garantías constitucionales de la mitad de la población, la femenina, de ser considerada dentro del amplio concepto de ciudadanía que implica de sí no sólo obligaciones sino los derechos de opinar y decidir.
En esta primera consideración el periodismo juega un papel fundamental. Incluso, una de sus razones y misión fundamentales de los medios periodísticos en general es informar para orientar y formar opinión en la sociedad. Este objetivo lo cumplen los medios al incorporar en sus agendas los hechos del día, tanto como noticia como tema de discusión en sus espacios de opinión.
Para investigadores como el doctor Francesc Barata[3], la consolidación del periodismo a principios del siglo pasado, va de la mano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) porque califica el acto informativo como algo que se debe al público, necesario para el funcionamiento de las sociedades democráticas. En ese marco, el periodista sólo es un transmisor.
En la actualidad hay un marco legal, internacional y nacional, muy amplio que protege la libertad de información y la libertad de expresión. Desde los artículos sexto y séptimo de la Constitución mexicana que, aunque carecen de una actualización acorde a los nuevos tiempos que, por ejemplo, incluyeran términos como “información veraz”, “cláusula de conciencia” y “secreto profesional”, como lo contiene la constitución española, por ejemplo, son una base fundamental para el ejercicio periodístico en México.
A nivel local, el Distrito Federal sí es de avanzada porque ya cuenta con una Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, promulgada el 27 de abril de 2006 y la Ley del Secreto Profesional del Periodista, del 7 de junio del mismo año.
En el ámbito internacional están la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto San José (1969), la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, la Declaración Conjunta de Relatores de Libertad de Expresión y la Declaración de Chapultepec; así como la existencia de organismos encargados de velar su respeto como el Comité de Derechos Humanos, la Relatoría y la UNESCO.
Se reconoce después de toda una labor y lucha el derecho de las y los periodistas como los actores más importantes de garantizar este derecho, de ahí que tengan un trato preferente.
Pero ¿dónde están los límites a la información?
Mientras los periodistas tienen derechos frente a una sociedad que precisa de la publicación de los hechos y que además, tiene que transparentar los actos del Estado; las partes tienen derecho a ser respetados como personas, en las garantías procesales (como la presunción de inocencia) y, sobre todo, proteger los derechos de los más vulnerables como son migrantes, niños y niñas, indígenas, con capacidades diferentes, entre otros.
De la teoría a la realidad
No obstante todas estos supuestos y garantías alcanzadas, reconocidas y cada vez mayormente difundidas, tanto para emisores como receptores, en la realidad se dista mucho del ideal tanto para informadores como para el público sobre todo en países como el nuestro. Basta repasar cifras y casos de periodistas agredidos y desaparecidos por informar, o bien, el monopolio informativo que se ejerce en nuestro país y que no sólo sesga sino manipula la realidad.
De aquí la pertinencia de retomar y rescatar el caso concreto de la cobertura y discusión de temas importantes y cruciales para las mujeres como es la penalización/despenalización del aborto, es decir, sus derechos reproductivos, para confirmar cómo se violan éstos. En el análisis de la agenda periodística encontramos que los temas que atañen a la mitad de la población no se ven, no se consideran relevantes y son pretexto para debatir los “grandes” o “importantes” temas de la política y la economía, por ejemplo.
Este es el caso del debate sobre la penalización/despenalización del aborto en agosto de 2000 en nuestro país y que se refrenda con el escenario legal y real que se está dando hoy sobre el tema.
Esta afirmación tiene fundamento en el análisis del debate periodístico que se dio en ese periodo en la sección editorial, el espacio que influye no sólo en la opinión pública sino en el llamado círculo rojo, el círculo de poder y decisión; en tres diarios de circulación nacional: Reforma, El Universal y La Jornada.
No obstante que median nueve años de diferencia, los resultados que se encontraron sobre la forma en que se cubrió el tema y los argumentos que predominaron explican por qué hoy está sucediendo esta vuelta a ignorar los derechos ciudadanos y reproductivos de las mujeres, pues si bien hubo una cobertura amplia, plural y generalizada, el análisis cuantitativo-cualitativo permiten confirmar que el derecho de las mujeres de ser informadas y orientadas sobre un evento crucial en sus vidas, se violentó al ser el motivo para discutir la coyuntura política representada por la alternancia política, el perfil de un presidente panista en el poder y los debates teológicos sobre la vida, principalmente.
En este sentido, las mujeres una vez más fuimos objetos y no sujetos de la información, y si a esto se agrega que las especialistas de la opinión, en su mayoría, no asumió una postura personal como mujeres, la fuerza y contundencia del periodismo de opinión no impactó e impacta en su dimensión “ideal” a los círculos de poder, de decisión y sobre todo de lector@s ávidas de orientación.
En el caso del debate del aborto, el lugar de las mujeres como protagonistas y como creadoras de la noticia revelan el justo medio en el que nos movemos las ciudadanas respecto de nuestros derechos de información y de poder de decisión, más allá del discurso de emancipación y equidad alcanzadas en este siglo XXI. Es decir, no somos visualizadas como ciudadanas en el amplio sentido de la palabra: con edad, personalidad y garantías. Queda en este siglo discusión-reflexión y acción pendientes para concretar la vanagloriada “equidad” de género.
Notas:
[1] Carolina Gómez Mena. “Retrocesos legislativos en materia de aborto, nueva inquisición, afirman grupos feministas”. La Jornada, jueves 18 de junio 2009.
[2] Baja California, Colima, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Puebla y San Luis Potosí cuentan con estas normas, además de Chihuahua, estado que las aprobó hace algunos años.
[3] Francesc Barata es doctor en ciencias de la comunicación y profesor de la Universidad Ramon Llull, URL (Barcelona), como también profesor del Graduado en Criminología de la Universidad de Barcelona, UB, y del Master Europeo Sistema Penal y Problemas Sociales. Antes de entrar al mundo académico trabajó durante doce años de periodista en diversos medios, entre ellos El Periódico, El Observador y La Vanguardia. En la última década se ha dedicado a la investigación del tratamiento periodístico de la violencia criminal y en el año 2002 presentó su tesis doctoral La mirada periodística sobre el delito. Ha sido investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México y conferencista en numerosos países del ámbito latinoamericano. También ha tomado parte en diversas investigaciones financiadas por organismos oficiales. Es coautor de media docena de libros, entre los que destacan La violencia en la mirada (Papers d’EStudi, 2001) y Sistema Penal y Problemas Sociales (Tirant lo Blanch, 2003). Entre sus publicaciones académicas cabe citar “Las nuevas fábricas del miedo” (La protección de la seguridad ciudadana, The International Institute for the Sociology of Law, 1995) y “Mas media y criminalidad en la sociedad del riesgo” (Trípodos, extra 2003)
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