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La periodista Carmen Santiago: ¿otro crimen impune?

Por Sara Lovera
Periodista desde hace 40 años, fundadora de Comunicación e Información de la Mujer AC(CIMAC), fue directora del suplemento Doble Jornada, y actualmente es corresponsal de Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y del Caribe(SEMlac) en México; integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; conduce y codirige Mujeres en Movimiento y participa en la Mesa Periodistas de Capital 21, el canal por internet de la Ciudad de México. Es editorialista de Antena Radio, Mujeres Net, Cuadernos Feministas, y Proceso digital. En 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz.

Carmen Santiago Hernández, periodista de 35 años, padece un cuadro post traumático agudo, borró de su recuerdo la agresión y golpiza que le propinó su ex pareja, Ramón Rubén Mora Peralta, el 25 de julio pasado, y fue declarada incapaz jurídicamente, lo que le impide volver al trabajo, cobrar sus salarios y tener algún futuro.

A la violencia machista que le produjo fracturas múltiples de cráneo, un coma inducido de dos semanas y amnesia, se suma la indiferencia de las autoridades gubernamentales del estado de Guerrero, que no sólo consintieron en liberar al agresor, sino que no han protegido las necesidades y derechos, tanto sociales como jurídicos de Carmen.

A más de seis semanas del hecho, su padre Walberto Santiago, de 75 años y parapléjico, del que ella se hacía cargo, estaba en casa de una pariente lejana en el puerto de Acapulco, a una hora de la capital de Guerrero. Allí también fue ido a parar el hijo de Carmen, de cinco años, que hasta antes de la golpiza vivía con ella. En Guerrero existe la ley 553 que "asegura una vida libre de violencia para las mujeres", y ahí, hace 25 años, se instaló la primera Secretaría de la Mujer y la primera fiscalía que debiera atender estos delitos.

Ese Estado registra la más alta tasa de homicidios entre hombres, institucional y militar, de los últimos 70 años. Además, ocupa el tercer lugar en toda la nación por actos feminicidas y homicidios contra las mujeres. Y, por esas razones, también ahí tiene su sede una de las doce regiones militares del país.

De acuerdo con un diagnóstico de la Cámara de Diputados, elaborado en 2005, la procuración de justicia es escasa y los juicios suelen durar entre cinco y siete años.

No obstante, la Procuraduría General de Justicia local, con capacidad propia para aplicar o no la ley, resolvió en 72 horas, que no constituían hechos graves ni las agresiones contra Carmen, que pudieron matarla; ni la privación ilegal de su libertad -cuando el agresor la sacó del hospital- ni tampoco la negación de atención médica.

Para Laura González, integrante de Mujeres Unidas por La Paz y promotora del refugio para mujeres en el estado de Sinaloa, esto pone en evidencia la inoperancia de las leyes locales frente a la general y la falta de armonía y modernización de la justicia, lo que enreda todos los casos, impide la justicia para las mujeres y fomenta el cacicazgo local. Tal es el caso del gobierno de Guerrero, donde se incurrió en omisión, averiguación tardía de los hechos y ahora negativa a proteger la vida laboral de la periodista Carmen Santiago, agregó en entrevista con SEMlac.

Los hechos

El 25 de julio, Carmen Santiago fue hallada en el arroyo de la calle, en un charco de sangre, golpeada fuertemente y traumatizada; prácticamente inconsciente. Fue llevada a un hospital local que pertenece al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), porque ella labora en la dirección de Comunicación Social del gobierno de Guerrero.

El presunto victimario, ex pareja de Carmen, señalado como el ejecutor de la golpiza y quien había sido abandonado por la periodista, se presentó al hospital y, con apoyo del director de ese centro, Dorio Mora Tapia, obtuvo el permiso para sacarla, lo que agravó el cuadro de la periodista.

Mientras tanto, Teresa Larube, amiga de Carmen, puso la denuncia policial; el padre de Carmen quedó a cargo de unos policías; el niño al cuidado de otra amiga y Carmen estuvo privada de su libertad varios días, en su propia casa, donde el golpeador le suministraba medicinas no identificadas.

Fue ahí donde la policía detuvo a Ramón Rubén Mora Peralta, por intervención directa de las amigas de Carmen, las periodistas de Guerrero, que se dieron cuenta de dónde estaba y llamaron a la policía.

Según testimonios de las periodistas, la Fiscal de Delitos Sexuales, Rigoberta Román Orea, ni siquiera había investigado los hechos.

Ella, que a pesar de ser la especialista de la Secretaria de la Mujer, pertenece al personal de la Procuraduría, permitió que el golpeador saliera de la cárcel 72 horas después, con una multa de 80.000 pesos mexicanos (equivalentes a 5.000 dólares), pese a que el juez le había impuesto un monto tres veces más alto.

Desde entonces, el individuo anda libre. Se le ha visto en las oficinas del gobierno; se le acusa, según la periodista Luz María Orona, de tráfico de influencias y de contar con apoyos políticos. Es maestro de educación física y pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SENTE), el más fuerte del país.

Denuncia

A la denuncia de la agresión, hecha por Teresa Larube, amiga de la víctima, se sumaron denuncias y movilizaciones locales, nacionales e internacionales del gremio periodístico. Sin embargo el gobierno local, del que Carmen Santiago es empleada, permanece insensible y mudo.

Hace tres semanas que hay gestiones directas de la comisionada Laura Carrera, que preside el órgano desconcentrado, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cabeza de la política oficial.

Esa intervención, casi "humanitaria", sólo consiguió el despido del médico Dorio Mora Tapia, director de la institución de salud que, en complicidad con el victimario de Carmen, permitió que esta saliera del hospital cuando su vida estaba en peligro.

Carrera, impedida por una burbuja burocrática, no ha conseguido que actúen los órganos de justicia: las periodistas han enviado numerosas peticiones al gobernador, Zeferino Torre Blanca, y al procurador de la entidad.
Hoy Carmen está sola, de regreso en casa, aparentemente reestablecida; no le reconocen capacidad jurídica, pero se hace cargo de su hijo y su hogar; no tiene dinero para subsistir y ninguna protección social le es proporcionada, según el reporte de sus compañeras periodistas, que la visitan y vigilan todos los días.

Feminicidios

Guerrero es la entidad que reporta mayor número de homicidios, de hombres y mujeres, en México. En cinco años, 366 mujeres fueron asesinadas y más de 1.200 murieron en accidentes violentos poco claros; 80 se suicidaron. Es preocupante que en Guerrero se reporte uno de los mayores porcentajes de muerte materna y violencia de pareja.

Los juicios que buscan sancionar a los delincuentes tardan en promedio hasta cinco años y, pese a los discursos del gobierno en turno, que preside Zeferino Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática, la violencia contra las mujeres y numerosos casos de violación a los derechos humanos en Guerrero, no han disminuido. Por el contrario, según el observatorio del Feminicidio, que reúne a un grupo de organizaciones civiles, la violencia contra las mujeres ha crecido.

Carmen Santiago ha sido victima en ese entorno. Las periodistas Magda Esparza, Graciela Ledezma y Luz María Orona, así como la escritora Teresa Larube y más de 60 periodistas, hombres y mujeres, han tratado de gestionar los derechos de Carmen; nada ha sido sencillo ni posible.

La especialista en estos asuntos, Martha Figueroa, explica que el pretexto está en la situación federada, que permite que cada entidad haga lo que quiere.
Figueroa, defensora de mujeres indígenas en Chiapas, señala que la ley General sobre la Violencia contra las Mujeres es indicativa y no obligatoria; los gobiernos y las abogadas de las instituciones oficiales de mujeres no conocen, u omiten, la obligación de aplicar como ley suprema la Convención Interamericana contra todas las formas de Violencia contra las Mujeres (conocida como Belén Do Pará), y que el Estado Mexicano ratificó en 1994.

A ello se suma el atraso del Ministerio Público. Ahora se dice que no puede reabrirse el caso y reaprenderse al golpeador, a quien se le podría formular una acusación de intento de homicidio, porque Carmen no recuerda y no puede ratificar su dicho. Por esa misma razón, tampoco existe una acusación formal contra el médico cómplice del golpeador.

La abogada Figueroa sostiene que hace años que la declaración dejó de ser la reina de las pruebas y que la investigación policíaca, bien hecha, con elementos, a los que se denomina pruebas periciales, es hoy la herramienta de la justicia.

"Casos como el de Carmen Santiago quedan en gavetas y archivos", afirmó Laura Gonzáles, en entrevista con SEMlac. La integrante de Unidas por la Paz añade que de estos casos, hay miles. Sólo este año las agresiones contra las mujeres han crecido hasta 0,9 por ciento y más de 5.000 mujeres quedan, cada año, con lesiones secundarias.

Etiquetas: Palabra de Antígona de Sara Lovera

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