Las brechas persistentes

Por Martha Tagle

Diputada feminista por Movimiento Ciudadano, comprometida con el avance de la agenda de Derechos Humanos y la igualdad sustantiva. Soy el medio para que tu voz sea escuchada.

 

Las mujeres rurales en el país siguen excluidas de las oportunidades de desarrollo, por lo que además de diseñar una mejor política pública, y de recursos públicos etiquetados, se deben generar mecanismos para que sean ellas quienes decidan sobre lo que requieren para superar las condiciones de desigualdad en las que viven.



En estos tiempos que la paridad en las cámaras del Congreso de la Unión nos ha dado motivos para celebrar, es preciso señalar que a pesar de los avances hay brechas de desigualdad en diferentes grupos de mujeres, particularmente las mujeres rurales, que siguen excluidas de las oportunidades de desarrollo. La paridad en los espacios de toma de decisiones nos debe servir para transformar esa realidad e ir cerrando las brechas persistentes.

El pasado 15 de octubre se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se viene conmemorando desde 2008, establecido por la Asamblea General en su resolución 62/136, de 18 de diciembre de 2007, para reconocer “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.

Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano de obra agrícola. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas. Además, la situación está empeorando debido a que los efectos del cambio climático sobre los recursos naturales y productivos agravan las desigualdades de género en las zonas rurales.

Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares.

En México, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de los Hogares del INEGI 2016, 23.2 por ciento de la población mexicana reside en localidades rurales, donde hay 104 mujeres por cada 100 hombres. Asimismo, una de cada tres mujeres rurales se concentra en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, y seis de cada 10 (62.1 por ciento) se halla en situación de pobreza.

Las mujeres del campo labran la tierra, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático, además de los aportes relativos a la realización de las tareas domésticas, la feminización del trabajo agrícola por factores que contribuyen a reproducir la pobreza en el campo mexicano, y a la falta de acceso a la educación y al empleo que afectan el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 93.5 por ciento de las mexicanas rurales son ubicadas en condición de vulnerabilidad al carecer de acceso a educación, salud y seguridad social, carecen de infraestructura de la vivienda, servicios básicos y alimentación, y perciben 75 por ciento menos salario en comparación con el que reciben los hombres del campo.

Por otra parte, las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres.

Debemos generar mecanismos para que sean las propias mujeres del campo quienes decidan sobre lo que requieren para superar las condiciones de desigualdad en las que viven.

De acuerdo a ONU Mujeres, “las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento”.

Los instrumentos de política social en México dirigidos a este sector se han orientado a atender preferentemente a la población y regiones de mayor rezago y pobreza, con un énfasis en las subvenciones directas y no en un mejor acceso a alimentos y a servicios de salud, educación y vivienda, ni ampliando la cobertura en las zonas rurales o direccionando atención en forma específica a las mujeres rurales.  Por el diseño clientelar de estos programas, que se han acentuado en la actual administración, y por las reglas de operación que reproducen los roles de género, las brechas de desigualdad de las mujeres rurales persisten y se ahondan, pues las políticas públicas no están diseñadas para empoderarlas y sacarlas de su condición de pobreza, sino de mantenerlas como una clientela.

Además de diseñar una mejor política pública, y de recursos públicos etiquetados, debemos generar mecanismos para que sean las propias mujeres del campo quienes decidan sobre lo que requieren para superar las condiciones de desigualdad en las que viven, pues seguirlas diseñando desde una visión centralista o urbana, deja de lado sus necesidades. Por ello, en tiempos de la paridad, nos toca trabajar por que la voz de las mujeres rurales sea escuchada, tomada en cuenta y sea decisiva sobre sus vidas.

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