2023 Columna Invitada Patricia Galeana 

Los derechos humanos de las mujeres en México

Foto: Gabriela Martínez/MujeresNet

Por Patricia Galeana


Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo en todo el territorio nacional. Se deben respetar nuestros derechos a una vida libre de violencia, a la salud, educación, derechos laborales y políticos. La mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres.


La desigualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, y la violencia hacia ellas, tiene su origen en la cultura patriarcal que existe desde la prehistoria, apuntalada por creencias religiosas, normas jurídicas y concepciones filosóficas y pseudocientíficas, para justificar el dominio masculino.

La violencia es el origen de la mayor parte de los males que afectan a nuestra sociedad, destruye moral y físicamente a sus miembros y es un factor criminógeno determinante; es un problema de salud pública de urgente atención por el gobierno y la sociedad.

El incumplimiento de las leyes nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos es constatable en el alto índice de feminicidios y violencia en contra de las mujeres, que quedan en la impunidad. El 99% de los crímenes de violencia sexual permanece impune.

Subsiste la brecha salarial, a trabajo igual no corresponde salario igual. La pandemia puso de relieve la desigualdad de género y cómo las mujeres se hacen cargo de los cuidados a costa de su salud, desarrollo escolar y profesional. Es urgente crear un sistema integral de cuidados como existe en otros países como en el Uruguay, desde hace más de un lustro.

Se ha establecido la paridad en la participación política, sin embargo, el alto índice de violencia política y el bajo número de municipios presididos por una mujer muestran lo que nos falta por avanzar: de los 2,446 municipios, solo 522 son gobernados por una mujer y en las elecciones de 2021 fueron asesinadas 25 candidatas.

Debemos generar una cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Se requieren tres acciones paralelas para lograr una sociedad civilizada y vivir en paz:

  • Que se cumpla el marco jurídico internacional y nacional en materia de derechos humanos de las mujeres.
  • Que el gobierno instrumente políticas públicas con perspectiva de género, y acciones afirmativas transversales, para promover un cambio cultural.
  • Que se promueva una educación formal e informal desde preescolar hasta bachillerato, para generar respeto a los derechos de todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición.

Requerimos que los tres poderes y niveles de gobierno respeten el Estado de derecho. Los ejecutivos federal, estatal y municipal deben cumplir con el marco jurídico nacional e internacional. El Congreso debe dar seguimiento a la legislación que emite y asignar el presupuesto correspondiente para que se ejecuten las políticas públicas correspondientes. El poder judicial debe sancionar su incumplimiento y cubrir el déficit de jueces que tenemos en el país, ya que hay cuatro veces menos jueces que el promedio mundial.

En un Estado laico no pueden prevalecer las ideas religiosas sobre lo que establece la Constitución. El aborto es un tema de salud pública y justicia social.

Otro tema de gran relevancia es el derecho a decidir sobre su cuerpo. En un Estado laico no pueden prevalecer las ideas religiosas sobre lo que establece la Constitución. El aborto es un tema de salud pública y justicia social.

El aborto se ha regulado desde el ámbito de lo penal y no como un asunto de derechos humanos, como si viviéramos en un Estado confesional. Los órganos legislativos locales tienen la obligación de armonizar sus leyes de conformidad con los principios y obligaciones adquiridos en el artículo 1º.

El acceso a servicios de salud es parte integral del reconocimiento, protección y garantía de los derechos reproductivos, reconocidos en el artículo 4º de la Constitución, así como en tratados internacionales.

No se cumple con el objetivo de la universalidad e igualdad de los derechos humanos, ya que los Estados no pueden ni deben condicionar la salud de la mujer y su capacidad de ejercer sus derechos a partir del estado físico de embarazo.

Se necesita una reforma al código penal federal para evitar que se sigan violando los derechos humanos de las mujeres, establecidos por la Constitución en el artículo 1º, en donde se señala que los derechos humanos son progresivos. En los 23 estados donde se sigue penalizando el aborto, esto no se cumple.

Con esta reforma se restablecería la igualdad jurídica de las mexicanas, equiparándose a los 9 estados donde se permite interrumpir el embarazo (Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz).

Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo en todo el territorio nacional. Se deben respetar nuestros derechos a una vida libre de violencia, a la salud, educación, derechos laborales y políticos. La mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres.

 

 

 

 

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