Organización feminista y activismo virtual en la UAM-I: una perspectiva estudiantil

Por Ana Kruger Hidalgo, Sofía Torres Pavón y Tamara Nateras Collado


Mientras no se armonice la legislación universitaria con los marcos jurídicos internacionales y federales en materia de género, ni haya un cambio operante en las instancias de atención, la aprobación de un protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, por sí misma, no representa una medida integral ni efectiva.


El 24 de octubre del 2018, estudiantes feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I), presentaron un pliego petitorio para interpelar a las autoridades de Rectoría de la Unidad. Se planteó la necesidad urgente de una respuesta institucional al problema de la violencia de género; particularmente, a través de un protocolo para su prevención, atención y sanción, y de la creación de una Unidad de Género que lo aplique; especificando, entre otros puntos, quiénes la conformarán y dirigirán, los servicios que dará y la capacitación para sus integrantes. Asimismo, algunas sugerencias para el involucramiento de la comunidad universitaria en el proyecto.

Fue hasta el 13 de marzo de 2020 cuando la UAM-I aprobó un Protocolo para la Prevención y la Atención a la Violencia de Género (PAVIG), que funge como lineamiento institucional para la ruta de atención en casos de agresiones por motivos de género. En la misma sesión del consejo académico en la que se aprobó el protocolo, se inauguró la UNIGÉNERO (Unidad de Atención para la Prevención y Erradicación de las Violencias de Género, la Inclusión con Equidad y Respeto a las Diversidades), pensada como un departamento institucional, con la tarea de brindar atención y seguimiento a los casos denunciados por miembras de la universidad, en la cual hay cerca de 17 mil alumnes.

El lapso de casi año y medio que le tomó a la universidad dar una respuesta contundente al pliego de sus alumnas demuestra la lentitud de los procesos burocráticos internos. Durante este periodo, los casos de violencia persistieron, y a falta de un mecanismo institucional eficiente, se continuó exigiendo justicia por vías alternas; en tendederos y páginas feministas de denuncia anónima, talleres y espacios autogestivos, y en las juntas periódicas que daban seguimiento a las respuestas de Rectoría.

Desde una postura feminista, la principal demanda estudiantil es ante la incapacidad institucional de resarcir su negligencia normativa hacia los derechos de las mujeres particularmente de sus alumnas y trabajadoras; pues, si bien las medidas que vemos ahora en la UAM-I son, en su mayoría, gracias a la presión de grupos fluctuantes de alumnas organizadas; el proceso de interpelar a las autoridades y conformarse como interlocutoras y agentes políticas estuvo permeado de trabas por la reglamentación universitaria, desarticulación y discursos disuasivos de las autoridades para atenuar la radicalidad y efectividad de las propuestas de las alumnas, que son el producto de un panorama sociocultural de discriminación y desvalorización del trabajo feminista.

Las medidas que vemos ahora en la UAM-I son, en su mayoría, gracias a la presión de grupos fluctuantes de alumnas organizadas.

Las alumnas organizadas de la UAM-I afirman lo siguiente: mientras no se armonice la legislación universitaria con los marcos jurídicos internacionales y federales en materia de género, ni haya un cambio operante en las instancias de atención –primeramente, contando con personal suficiente y capacitado para la atención, contención y acompañamiento de casos– la aprobación del Protocolo, por sí misma, no representa una medida integral ni efectiva.

La falta de infraestructura actual de la UNIGÉNERO demuestra que no se están destinando los suficientes recursos para contrarrestar la violencia hacia las mujeres en el espacio universitario. Desde que se abrió el tema en la UAM-I, esta deficiencia se ha justificado institucionalmente por cuestiones presupuestales. Ahora, como consecuencia del plan de austeridad nacional, los grandes recortes a las universidades públicas disminuyen significativamente la voluntad de designar un presupuesto para diversas acciones en contra de la violencia de género. Aunado a este contexto, otros movimientos de derechos humanos han enfatizado la importancia de mantener un observatorio independiente e imparcial, conformado por personas capacitadas, que evalúe el trabajo de los mecanismos institucionales de atención a víctimas, lo cual es imposible de gestionar sin recursos económicos.

Como entidad paraestatal, la UAM está obligada a concordar con el Presupuesto de Egresos de la Federación y con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en donde se dictamina el uso de recursos para la equidad de género y la prevención de la violencia feminicida. Dado que la UAM-I está situada en uno de los lugares con mayor índice de feminicidios y desaparición forzada de mujeres en la Ciudad de México, debe acatar todas las medidas posibles establecidas en las diversas normatividades nacionales e internacionales en materia de género.

Como entidad paraestatal, la UAM está obligada a concordar con el Presupuesto de Egresos de la Federación y con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en donde se dictamina el uso de recursos para la equidad de género y la prevención de la violencia feminicida.

A partir de la pandemia del Covid-19 se ha parado el activismo estudiantil en la UAM-I, dada la dificultad de encontrar nuevas formas de acuerpar la lucha feminista “a la distancia”, pues muchas involucran el ocupamiento físico de los espacios institucionales. Ahora nos encontramos ante los problemas de ejercer una presencia virtual como estudiantes, pues consideramos que las comisiones que discuten y promueven reformas y proyectos con perspectiva de género necesitan de la retroalimentación estudiantil. Por este motivo, la página Feministas UAM-I gestionó un conversatorio en el que se invitó a la comunidad estudiantil y un público más amplio, a conocer el protocolo de género de su universidad, con la finalidad de abrir un espacio de crítica y discusión feminista de la resistencia colectiva ante la violencia machista en espacios universitarios. En él se habló detenidamente de por qué se necesita un proyecto integral con la infraestructura necesaria, es decir, presupuesto, personal calificado, sustento normativo y servicios gratuitos, con ejes de atención y prevención para erradicar la violencia de género en todas sus formas.

Las estudiantes tienen la intención de seguir gestionando espacios autónomos, a pesar de la crisis de la contingencia sanitaria, pues consideran que el diálogo en torno a la reparación de la violencia es fundamental para que las universidades se mantengan como espacios de vinculación y resistencia política. La organización colectiva para combatir las violaciones a los derechos humanos debe ser incentivada y no obstaculizada por las universidades; particularmente, en un periodo de crisis nacional de violencia contra las mujeres y feminicidio, precedido por más de una década de guerra contra el narcotráfico.

Los movimientos universitarios nos demuestran que el compromiso de las instituciones de educación superior ante los derechos humanos de su alumnado conlleva establecer presupuestos para iniciativas de acción afirmativa. El proceso de discutir públicamente las políticas para sus usuarias/os y trabajadoras/es, así como de dotar a sus grupos más vulnerados de agencia política, posibilita la reapropiación feminista de los espacios universitarios.

Ahora que el espacio físico de la universidad está interrumpido, se ha encontrado en el espacio virtual otra forma de obtener visibilidad, de generar escucha mutua y organización autónoma. Permanece la convicción de exigirle a las instituciones que hagan su trabajo, de gestionar discusiones que ayuden a construir un mejor entorno estudiantil para todas/os y de seguir aprendiendo desde la acción colectiva.